Peritos de las defensas admiten en el juicio de los ERE que las ayudas investigadas debieron fiscalizarse aunque no se hizo

Hay sacudidas con ecos. La jornada del juicio de la pieza política del «caso ERE» de ayer estuvo marcada por la protesta que seis de los 22 ex altos cargos de la Junta encausados elevaron al tribunal enjuiciador, a través de sus abogados y en concreto por boca de uno de ellos, Pedro Apalategui, representante procesal del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá. El motivo de la queja fue su convicción de que la exposición de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) excedió los límites de un informe pericial para convertirse en casi uno de la parte acusadora y llegó después de un intenso debate entre los técnicos de la IGAE y los expertos de las defensas acerca de si las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo realizaba al IFA, luego agencia IDEA, podían utilizarse o no para pagar las subvenciones de los ERE ahora bajo el foco judicial. Punto sobre el que Juan Antonio Carrillo, quien elaboró informes a petición de la ex consejera de Hacienda investigada Carmen Martínez Aguayo, mantuvo que «en el objeto del IFA no estaba conceder ayudas sociolaborales y que, por tanto, no se podían delegar esas competencias», según fuentes del caso presentes en la Sala.

Y la vista oral dio para escuchar otras aseveraciones significativas como la formulada por el perito propuesto por la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, Juan Zornosa, quien, llegó a reconocer que «las ayudas debieron fiscalizarse», de acuerdo a lo trasladado a este periódico por las mismas fuentes. En la misma línea, Juan Ramallo, quien participa a petición de la investigada Magdalena Álvarez, ex consejera de Hacienda y ex ministra, anotó que los fondos públicos «tendrían que haber tenido fiscalización previa». Si bien, al ser preguntado por la Fiscalía sobre qué debió hacer Griñán al enterarse de que no la hubo, respondió que él «sólo había mirado el periodo de Álvarez» y de forma similar se pronunció Zornosa, al sostener que tampoco lo había estudiado. Lo que sí hizo Ramallo es cuestionar la independencia de los interventores del Estado que «cumplen un papel», por lo que el portavoz de éstos, Ángel Turrión, criticó que se hubiera puesto «en duda».