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Un acusado niega que exista el «club» de los ERE con «contraseña» para defraudar

El ex viceconsejero Rodríguez asevera que no tuvo «interés» en leer el convenio marco que firmaron Empleo e IFA

  • El ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez sostuvo ayer que no tuvo información de las ayudas que otorgaba la Consejería de Empleo ni «tenía por qué» barajarla
    El ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez sostuvo ayer que no tuvo información de las ayudas que otorgaba la Consejería de Empleo ni «tenía por qué» barajarla
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

13 de marzo de 2018. 21:14h

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Sevilla. 14/3/2018

No existe el «club de los ERE». Así intentó dejarlo claro ayer el ex viceconsejero de Innovación de la Junta Jesús María Rodríguez, en el primer juicio derivado de la «macrocausa» centrada en los expedientes de regulación de empleo presuntamente irregulares, después de haberse atrincherado ante el interrogatorio de la Fiscalía. Fue a preguntas de su abogado, José Manuel García-Quílez, en torno a si se creó o no un sistema para saltarse la legalidad en la concesión de ayudas sociolaborales, lo que se juzga en esta pieza centrada en el denominado «procedimiento específico» por el que se repartieron los fondos públicos durante la década investigada, cuando el ex alto cargo tiró de ironía y acuñó el término.

Su representante procesal quería saber si había tenido alguna participación en la ideación del mencionado método, y su cliente le trasladó que era complicado contestar a esa cuestión porque no sabía cómo se podía «poner de acuerdo» a tantas personas, a cargos públicos del Gobierno andaluz que lo fueron en distintas fechas, para cometer un presunto fraude, haciendo algo que «desconocían». «¿Cómo se hacía?», lanzó airado, «¿había una contraseña para entrar en el club? Duele bastante», proclamó un afligido Rodríguez.

Sobre el ex viceconsejero pesa una petición del Ministerio Público de ocho años de prisión y treinta de inhabilitación por los presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación. Con esa carga encima insistió ante el tribunal enjuiciador en que en la etapa que estuvo en la Junta, entre 2005 y 2010, ni él ni la «mayoría» de los 22 sentados en el banquillo de los acusados, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, fueron conscientes de estar cometiendo anomalía alguna. No tuvieron «conocimiento» ni «sospechas» de nada irregular, dijo, para matizar que en la actualidad sí saben «muchas cosas» más que en aquellos años. Rodríguez aseveró con vehemencia que «nunca» nadie puso ningún reparo a la firma de convenios entre la Consejería de Empleo y la agencia IDEA, que actuó de caja pagadora para nutrir los ERE y que él vicepresidió durante su época en Innovación. Y quiso sentar otra base durante su declaración: todas las operaciones cosidas al abono de las ayudas en el punto de mira contaron con el «respaldo» de la Secretaría General y de la asesoría jurídica de la agencia.

En relación al convenio marco de julio de 2001 rubricado entre Empleo e IDEA –entonces IFA–, la base que soportó el desembolso de fondos públicos, el investigado sostuvo no haber tenido «interés» en leerlo, aunque admitió que en los Presupuestos del Ejecutivo autonómico se hacía mención al mismo, además de en el juicio.

El ex jefe técnico de Empleo se compara con las «amas de casa»

Para la Fiscalía es hora de ir haciéndose cargo de algunas cuestiones, pero los enjuiciados en los ERE no parecen considerarlo por sus respuestas, entre las que prima el «no recuerdo». Ayer volvió a suceder con el ex secretario general de Trabajo de la Junta, Javier Aguado, quien además introdujo un matiz doméstico en la vista oral. «Yo siempre decía que éramos las amas de casa de la consejería», dijo en relación a la Secretaría General Técnica que capitaneó en dos etapas de seis y cuatro años, para añadir que en ella se hacía «toda la cocina». Más allá de la hogareña comparación, Aguado reconoció que se tramitaban «cientos de transferencias de financiación» y apuntó a la falta de personal en la Junta al afirmar que «las RPT –las relaciones de puestos de trabajo– nunca» estaban «cubiertas al 100%». Pese a tener las competencias en personal, desconocía que externos de la empresa UMAX gestionara ayudas sociolaborales, en lugar de funcionarios. Ignoraba también la normativa reguladora del pago de las subvenciones y no tuvo en sus manos el convenio marco de 2001, que los investigadores colocan en el origen del presunto fraude. «No lo usé ni lo leí», proclamó, pese a saber que existía porque era «público y notorio».

Más datos

-Jesús María Rodríguez y Javier Aguado se refirieron a su profesión teórica, filósofo y maestro, respectivamente, para justificar que no sabían de lo que se les preguntaba acerca de su paso por la Junta. Una formación que fue suficiente para ser nombrados viceconsejero y secretario general técnico.

-El abogado del ex consejero de Empleo Antonio Fernández volvió a pedir ayer que se postergara hasta el lunes la declaración de su cliente, al no estar curado de su afonía. Habrá que ver qué decide hoy el tribunal.

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