Un investigado reclama 15 días al juez Álvaro Martín

«El principio de igualdad de armas exige que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y defensa e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, a efectos de evitar desequilibrios entre sus respectivas posiciones procesales».

«El principio de igualdad de armas exige que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y defensa e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, a efectos de evitar desequilibrios entre sus respectivas posiciones procesales». Es la idea básica que sustenta un escrito con el que la defensa de uno de los investigados en la pieza de los ERE centrada en el denominado «procedimiento específico» por el que se repartieron las ayudas, la que afecta a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha solicitado al juez Álvaro Martín una ampliación de cierto plazo.

La cuestión es que el magistrado concedió un periodo extraordinario de 45 días a las acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción, la Junta, el PP y el sindicato Manos Limpias, para que formularan sus documentos de acusación, pero ha dado 30 a las defensas de los 26 encausados en este bloque para presentar los suyos, según lo que fijó en su reciente auto de apertura de juicio oral.

El abogado del ex directivo de la agencia IDEA encausado, Juan Carlos Alférez, subraya en su escrito, consultado por LA RAZÓN, que el juez «ha respetado durante toda la instrucción de manera escrupulosa y exquisita la recta aplicación» del principio mencionado, por lo que se muestra convencido de que el mes establecido para las defensas obedece a «un error material subsanable», ya que supone conferir 15 días menos que a las acusaciones. Dicho de otro modo: «Un 33 por ciento menos de tiempo efectivo» para unos que para otros. Y ello pese a que, insiste el representante procesal del ex alto cargo de la Junta, acusaciones y defensas deben contar con «idéntico término procesal para formular sus respectivas posiciones jurídicas y proposición probatoria al cierre definitivo de la fase intermedia».

De hecho, fuentes del caso apuntan que se trata de una petición que se podría repetir en términos similares en los próximos días por parte de las defensas de otros imputados en esa pieza, la rama política del «macroproceso». Y no es lo único ligado al reloj que Alférez demanda en su escrito. Suplica también a Martín que aclare si se les ha otorgado cinco o diez días para que se les dé traslado de los escritos de acusación y para que los investigados comparezcan de manera voluntaria en el juzgado, dado que en uno de los fundamentos jurídicos de la resolución del magistrado se recoge la decena de días y en la parte dispositiva el otro espacio temporal. Entiende que el válido puede ser el mayor, puesto que «muchos de los encausados residen fuera de la localidad de Sevilla», deja caer en su respetuoso texto.

El letrado ha armado además un recurso de apelación remitido a la Audiencia Provincial de Sevilla contra la decisión del juzgado que instruye la «macrocausa» de los ERE, el número 6 de Sevilla, de no archivar la causa principal contra su cliente, la matriz del caso, una vez que fue procesado en la pieza política y conoció los hechos concretos por los que se le va a enjuiciar. Argumenta el abogado que no hacerlo podría vulnerar el derecho fundamental de su representado «consagrado en el artículo 25 de la Constitución española en su manifestación» del principio de seguridad jurídica «non bis in ídem», que establece que una persona no puede ser acusada dos veces por lo mismo.

Con el recurso pretende evitar una «interminable e innecesaria concatenación de imputaciones en diligencias previas» que tendrán como objeto los hechos por los cuales su patrocinado «ya ha sido procesado» en la pieza del «procedimiento específico», en esencia la firma de convenios de las ayudas repartidas por IDEA. «La conducta siempre es la misma, los actos siempre son los mismos y los mismos actos no se pueden investigar en más de un proceso», condensa el letrado.