Autonomías

Apoyo unánime de las Cortes al municipalismo

Piden que el superávit de los ayuntamientos se pueda dedicar a inversiones y adaptar las plusvalías

El procurador del PP, Savador Cruz, defiende la posición de su partido sobre las plusvalías
El procurador del PP, Savador Cruz, defiende la posición de su partido sobre las plusvalíaslarazon

Piden que el superávit de los ayuntamientos se pueda dedicar a inversiones y adaptar las plusvalías.

Que los ayuntamientos tengan plena libertad para destinar el superávit de sus arcas municipales a inversiones necesarias para el municipio, como puede ser la limpieza de las calles, el alcantarillado, el alumbrado público, los servicios sociales o la lucha contra el fuego, sin que cuenten a efectos de la aplicación del techo de gasto.

Y que se acuerden medidas de colaboración con los ayuntamientos para que estos adapten el conocido impuesto de las plusvalías, una de las fuentes de ingresos municipales- a la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha dictaminado que se deje de gravar en casos en los que la venta de una propiedad no suponga un incremento de valor. Para, de esta forma, evitar que las entidades locales se puedan quedar sin capacidad económica para prestar los servicios a los ciudadanos ante una previsible ola de devoluciones, y facilitar que estén preparados para atender la posible cascada de reclamaciones por parte de los contribuyentes.

Estas son las dos proposiciones no de Ley de apoyo al municipalismo que se aprobaban ayer en las Cortes regionales, con las que se pretende presionar al Gobierno de España para que modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, en el caso de la primera, impulsada por el PP, y para que se cambie la ley de Haciendas Locales, en el caso de la segunda, defendida por el PSOE.

En el caso de esta última, la procuradora socialista, Virginia Barcones, recordaba que con la crisis cambiaron las cosas al caer los precios del mercado inmobiliario, y que hubo gente que pagó cuando no tenía que haberlo hecho, y advertía de la necesidad de avanzar en esta cuestión para evitar la judicialización de este asunto y porque de no hacerlo «los ayuntamientos pueden verse desbordados de demandas y devoluciones que podría afectar a la prestación de servicios».

Desde el PP, Salvador Cruz, apoyaba la medida por la importancia de modificar la regulación existente tras la sentencia, pero recordaba al PSOE que hay más impuestos que son importantes para el mundo local, como el IBI, y llamaba a los grupos a analizar también de cara al futuro otros gravámenes que tienen que ver con el límite de rentas, la propiedad o la herencia.

Respecto a la primera PNL, el popular Jorge Domingo Martínez reconocía que la actual regulación es «restrictiva» y defendía también que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit además de para inversión, para gasto corriente. Desde Ciudadanos, David Castaño valoraba que el PP haya cambiado de postura y apuesta por que dejen trabajar a los ayuntamientos, mientras que en Podemos, pese a respaldar la iniciativa, iban más allá al reclamar la derogación de la totalidad de esta normativa de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como Ley Montoro.

Otros acuerdos

Por otra parte, las Cortes aprobaban, aunque con acuerdos de mínimos, que las empresas públicas tengan que dar a conocer sus operaciones de endeudamiento; que se recuperen las ayudas que la Junta daba antes de las crisis para la promoción de ferias comerciales y favorecer los productos de la Región en el extranjero; o que se aborde la amenaza que supone el siluro -una especie invasora- en el río Duero.