Arrancan las negociaciones a partir del lunes para ver cómo se van a repartir las ayudas de la Política Agraria Común en España y que afecta directamente a Castilla y León. Y la consejera de Agricultura y Ganadería va con un objetivo claro y contundente: que la Comunidad no perciba menos de los 1.150 millones de euros que ha venido recibiendo hasta la fecha desde las instancias europeas, aunque desde las opas castellano y leonesas no son tan optimistas para que se puedan mantener esas cifras.

Son muchas y variadas las cuestiones que defenderá Silvia Clemente ante el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete y su equipo en la Sectorial que arrancará mañana por la tarde. Una de ellas se centrará en la definición de agricultor activo. Desde Castilla y León se lleva una postura común, a diferencia de lo que ocurren en otras comunidades. Es decir, que sólo reciban las ayudas europeas aquellas personas que desarrollen su actividad agraria en el campo y no de manera parcial, como se plantea desde el Ministerio, tesis a la que otras Comunidades se suman. Clemente se muestra firme y concisa en esta cuestión: «El agricultor activo tiene que ser aquel que asuma un riesgo empresarial por su trabajo agrario y que cumpla con todas las condicioens legales, tanto las de naturaleza jurídica como los de Seguridad Social».

En el momento que se defina la figura del agricultor activo, se podrá abordar los detalles de qué manera establecer los pagos a perceptotes, que será a lo largo del año al ser un año de transición.

Otro de los planteamientos de la Junta de Castilla y León será la propueta de duplicar todas aquellas ayudas destinadas a los cultivos proteicos, y de esta manera que se reduzca el consumo de materias primas importadas, tales como la soja, para la elaboraciónde los piensos para la alimentación aninal. Mientras que el Ministerio de Agricultura fija destinar sólo un uno por ciento para apoyar estos cultivos, desde la Unión Europea se permite alcanzar el doble. Algo parecido sucede con el sector remolachero, donde el tope fijado por la Unión Europea es del 13 por ciento y desde España sólo se contempla un 11 por ciento.

La Junta llegará a Madrid con una posición de Comunidad tras el apoyo recibido por las opas castellanos y leonesas. Para Donaciano Dujo (Asaja) se hace necesario un reparto justo de los fondos para beneficio del agricultor activo, «aquel que ejerce y tiene la obligación de tributar. Por lo que no me parece factible que se beneficien de estas ayudas percepetores que no producen y luego no paguen impuestos».

Una misma cuestión que es defendida por el coordinadir regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacin, aunque ve bastante difícil que se llegue a un acuerdo en la capital de España ya que ve el ministro Arias Cañete es bastante inflexible en esta cuestión.

Una definición que para Julio López (UPA), beneficia de manera muy notable a la industria agroalimentaria, ya que segarantiza la continuidad del sector primario, aunque al igual que González Palacín, cree que las negociaciones en la capital de España van a ser largas.

En definitiva, Castilla y León se presenta en la capital de España con los deberes hechos y con una posición de Comunidad en beneficio de los miles de agricultores y ganaderos de esta tierra.