Posición común de la Consejería de Agricultura y Ganadería, las organizaciones agrarias Asaja, Upa-Coag y UCCL, así como la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León han alcanzado un acuerdo sobre la aplicación en España de la PAC, que defenderá hoy la consejera del ramo, Silvia Clemente, ante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que se celebra en Madrid.

La premisa fundamental de este frente común es que se garantice la partida presupuestaria que Castilla y León venía recibiendo tanto en pagos directos como al desarrollo rural, 925 y 250 millones de euros, respectivamente. Además, Clemente defenderá que se garantice, en dicha reforma, las singularidades de la Comunidad y que no se produzcan trasvases entre territorios o sectores.

Otra de las posturas de este acuerdo es la de unir los conceptos de agricultor y ganadero activos y de actividad agraria, así como la acreditación de la afiliación a la Seguridad Social o al régimen fiscal que corresponda a la actividad.

Respecto al rejuvenecimiento del sector, Castilla y León, considera necesario apostar por políticas novedosas dirigidas a este objetivo. Además se apuesta por destinar el 2 por ciento de financiación que la propuesta de reglamento de pagos directos permite para este pago, así como «dirigir el mismo a los agricultores y ganaderos que cumplen los requisitos para ser beneficiarios de ayudas a la incorporación de jóvenes en el segundo pilar».

Ayudas a sectores

Utilizar el porcentaje máximo de financiación para ayudas asociadas a determinadas producciones, en especial, a la ganadería sin base territorial, con problemas específicos dada la coyuntura económica actual, es otra de las demandas de la Comunidad, que pretende ayudar a sectores como el ovino-caprino, vacuno de leche, vacuno de cebo intensivo e incluso el vacuno de carne extensiva en la medida necesaria para incentivar el mantenimiento de los actuales niveles de producción.

Respecto a los nuevos Programas de Desarrollo Rural, desde Castilla y León se considera imprescindible incluir como medidas prioritarias las relacionadas con políticas estructurales, como las dirigidas al relevo generacional y modernización de explotaciones, las líneas que permitan un incremento de valor añadido de las producciones agrarias, las inversiones y la modernización de los existentes, el apoyo a las prácticas agroambientales y el apoyo a la investigación aplicada.

Además, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno autonómico y el sector, apuesta por buscar nuevos mecanismos de gestión de los mercados «que garanticen una adecuada respuesta a las situaciones cada vez más frecuentes e impredecibles que han de producirse en la evolución de los precios y la disponibilidad de materias primas».