Un registro único beneficiará a los más de 300.000 usuarios de los Servicios Sociales

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pondrá en marcha la historia social y el registro único de personas usuarias de Castilla y León, con el objetivo de beneficiar a los más de 300.000 usuarios que en la actualidad utilizan el sistema de Servicios Sociales. Algo que facilitará una mejor orientación y coordinación en los procesos de intervención profesional y una atención más rápida, integral y eficaz.

La vicepresidenta del Gobierno Herrera, Rosa Valdeón, y la consejera de Familia, Alicia García, informaban de este proyecto, pionero en España, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que se pondrá en marcha seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Una historia social que, como indicaba Alicia García, recogerá de manera exhaustiva los datos más significativos de la situación personal, social y familiar de una persona usuaria, las demandas, el diagnóstico, las subsiguientes intervenciones y la evolución de tal situación.

Esta historia social aportará al profesional datos básicos para fijar objetivos, un plan de trabajo con calendarios, periodos y procedimientos de intervención. Además, el análisis de las historias sociales por equipos profesionales de la misma o distintas administraciones públicas ayudará a homogenizar actuaciones y a compartuir conocimientos por todos los miembros del equipo. Actualmente más de 3.000 profesionales colaboran ya con el sistema informático que regulará el decreto de historia social, a través de la aplicación informática Sauss.

Gracias a esta sistema única se pasará a tener una visión global e integrada de la información relativa al usuario que redundará en una mejor atención coordinada e integral ya que, desde cualquier punto de Castilla y León, los profesionales colaborarán registrando y consultando una base de datos única con toda la información de los servicios sociales.

La puesta en marcha del sistema supondrá también un paso más en la atención a las víctimas de violencia de género, mejorando la coordinación entre los distintos agentes que apoyan a las mujeres víctimas.

Más transparencia

Por otra parte, la vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, anunciaba que el Gobierno Herrera aplicará a la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empreasrial (ADE); el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITA), el Ente Público Regional de la Energía (EREN) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León los mismos controles que rigen para la Administración General, y que supone perfeccionar las herramientas de fiscalización para una mejor y más eficiente gestión de los recursos públicos.

La función interventora implica un control previo sobre cada decisión de gasto, que consiste en garantizar que se ajusta a la normativa antes de que se adopte; verificar que existe presupuesto adecuado y suficiente para llevarla a cabo y comprobar que se cumplen todos los llamados requisitos esenciales.

Un análisis que asegura de forma más eficaz la legalidad de sus actuaciones.