CiU quiere que voten en las consultas los inmigrantes

El redactado de la futura ley de consultas catalana, que se aprobará este otoño, prevé que puedan ser consultados los mayores de 16 años, los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y del resto de países del espacio Schenguen que tengan o superen esa edad y que estén empadronados en algún municipio catalán. Sin embargo, CiU quiere ir más allá y propone que tanto los catalanes que viven en el extranjero como los inmigrantes no comunitarios puedan votar en futuras consultas.

La ley de consultas pasó su primer escollo en el Parlament con los votos en contra de PP y C's, el pasado mes de mayo, y ahora debe debatirse en comisión. Entonces, se abordarán también las enmiendas propuestas por cada formación, entre ellas, la ideada por los nacionalistas para abrir más la veda de votantes.

En su texto, CiU vislumbra la creación de un «Registro de participación», donde todo aquel que cumpliendo los requisitos pueda inscribirse y, así, emitir su voto correctamente. Cada consulta «delimitará las personas llamadas a participar en ella» mediante un decreto que elaborará la Generalitat, especifican los convergentes en su enmienda. Será esta delimitación puntual la que permita o no inscribirse en dicho registro. De ahí, que CiU busque que la ley sea lo más laxa posible en cuanto a sujetos que puedan votar y solicite la inclusión de extranjeros no comunitarios y catalanes que hayan emigrado. Eso sí, incluye la posibilidad de que a los inmigrantes se les pueda requerir un tiempo mínimo de residencia en Cataluña para poder participar en las consultas.

Más allá de ampliar el abanico de posibles votantes, la propuesta de crear el «Registro de participación» tiene una segunda lectura. La puesta en marcha de este protocolo de inscripción voluntaria supone, de entrada, crear un censo paralelo al censo electoral. La idea de fondo es diferenciar los mecanismo de votación de una consulta y un referéndum. Y, así, evitar que la futura ley de consultas pueda ser objeto de un recursos de inconstitucionalidad ya que establece claramente que una consulta no es un referéndum al servirse de otros instrumentos de participación.

De hecho, así lo expresó CiU, al asegurar a Ep que el objetivo principal de todas sus enmiendas es que el texto final de la ley sea «impecable» constitucionalmente, de manera que el Tribunal Constitucional vea anulados sus argumentos para tumbar la norma.

Los límites, las leyes vigentes

Por su parte, ERC, aunque no propone la creación de un registro de las características expuestas por CiU, sí propugna que los inmigrantes y los catalanes que estén residiendo en el extranjero puedan votar. Los ecosocialistas de ICV defienden, únicamente, que puedan participar los mayores de 16 años que estén correctamente empadronados en un municipio catalán.

Más allá de las propuestas sobre el sistema de participación, los grupos parlamentarios han presentado un total de 246 enmiendas al texto original de la ley. En ninguna de ellas se hace referencia a la independencia en un intento de que la norma cumpla con todos los requisitos constitucionales ya que tanto CiU como ERC defienden que la ley podría servir para convocar una consulta sobre la autodeterminación de Cataluña. Sin embargo, tanto los populares como Ciutadans sí dejan claro en sus enmiendas que las consultas que puedan convocarse no deben en ningún caso superar los límites de las leyes ni de la Constitución y ceñirse siempre a las competencias recogidas por el Estatut de Cataluña.

Por su parte, los socialistas, que dieron su voto a favor de la ley, insisten en la norma permitirá impulsar la participación ciudadana. Por ello, sus enmiendas buscan regular fórmulas de participación.