El Parlament aprueba 35 medidas para impulsar el sector agrario

El Parlament ha aprobado 35 propuestas de resolución para impulsar el sector agrario tras un debate monográfico y con el que la Cámara quería dar solución a los retos del sector.

CiU y ERC han hecho valer su acuerdo de estabilidad parlamentaria, por lo que la mayoría de propuestas aprobadas provenían de estos dos grupos, aunque también han prosperado algunas iniciativas del resto de partidos.

Además del paquete legislativo a desarrollar en los próximos meses, destaca el acuerdo --adoptado por unanimidad-- de crear una comisión de estudio en el Parlament sobre los transgénicos, en la que ICV-EUiA y CUP ya han avanzado que pedirán su prohibición.

Entre las normas que los acuerdos instan a acometer al Govern y al Parlament en los próximos meses, está una normativa para asegurar la transparencia de los mercados, así como elaborar un plan estratégico nacional de apoyo a la agricultura y la alimentación y una ley para desarrollarlo.

El Ejecutivo catalán deberá también redactar un código de buenas prácticas para el sector, revisar cuestiones urbanísticas que afectan a masías y pequeños núcleos rurales, promover un modelo catalán de organizaciones profesionales agrarias y derogar la ley de cámaras agrarias.

También han salido adelante dos propuestas transaccionadas por CiU y ERC con el PP que piden fijar objetivos perdurables a la hora de prever y ejecutar regadíos, y priorizar las pequeñas y medianas explotaciones a la hora de pagar las ayudas, indemnizaciones y expropiaciones pendientes.

Si se cumplen todos los acuerdos, también se redactará una propuesta de dinamización y desarrollo del litoral catalán y se trabajará por racionalizar el marco normativo actual, una de las peticiones que han reiterado los grupos durante el debate monográfico de este miércoles.

131 MEDIDAS EN 2010

En el último pleno monográfico sobre el sector --celebrado en 2010-- se aprobaron 131 medidas que, según el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se han ido ejecutando en mayor o menor medida en los últimos cuatro años: 100 aplicadas completamente, 30 en progreso con diferentes niveles de implantación y una descartada por inviable.

Se ha aprobado también aplicar el Código de Buenas Prácticas comercial para velar por una relación de equilibrio entre los diferentes agentes de la cadena alimentaria, así como impulsar el Observatorio Agroalimentario de Precios para ofrecer más información al consumidor.

Además, se ha acordado velar por el cumplimiento del reglamento europeo sobre información alimentaria, así como del Código de Consumo y de la Ley del Etiquetaje para defender "los derechos de los productores y consumidores".

PRODUCTOS DE PROXIMIDAD

También se han aprobado medidas encaminadas a fomentar los productos de proximidad, aunque se ha rechazado una propuesta de ICV-EUiA que pedía la elaboración de un plan de contratación pública para que la Administración y el sector público catalán priorice la compra estos productos.

Entre los acuerdos se cuentan también iniciativas destinadas a pedir cambios en la actitud del Gobierno central en aspectos como la gestión de la Política Agraria Común (PAC), así como rechazar la Ley de fomento de la integración cooperativa y la Ley de mejora de la cadena alimentaria.

Instan también al Ejecutivo catalán a pedir una rebaja del IVA en bienes y servicios utilizados para la producción agrícola, pero CiU y ERC han rechazado rebajas fiscales por parte de la Generalitat como la que reclamaban PSC, PP e ICV-EUiA de incluir deducciones autonómicas al IRPF relacionadas con medidas de agroambiente y de cambio climático.

Se ha acordado también mejorar el desarrollo tecnológico y las comunicaciones de las zonas rurales, así como seguir trabajando para garantizar la Seguridad en estas zonas siguiendo con la formación de Mossos d'Esquadra en la prevención e investigación de delitos.

También se ha aprobado que los Mossos tengan en cuenta el lucro cesante a la hora de valorar los daños por robos, es decir, no solo el coste del material robado, sino también las pérdidas derivadas de no poder utilizarlo.