PSC y Comunes denuncian la parálisis de la Renta Garantizada de Ciudadanía

Más de 56.000 personas esperan respuesta y más de 20.000 no han coneguido ni la cita previa necesaria.

Los grupos parlamentarios del PSC y Catalunya En Comú denunciaron ayer la mala implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) pues desde que se implementó, el pasado 15 de septiembre, más de 56.000 personas aún esperan respuesta, y más de 20.000 ni han conseguido la cita previa.

El PSC pidió al Síndic de Greuges que controle la implementación de la RGC, una ley aprobada el pasado mes de julio, ya que como explicó el diputado Raúl Moreno, «se están vulnerando algunos derechos de los ciudadanos y se está haciendo una aplicación de la renta que conllevará problemas a la gente que necesita con urgencia esta prestación económica». El PSC informó de que «hay 75.372 personas que tienen una cita previa concedida, de las cuales se han llegado a hacer 55.038, y se han abierto 36.000 expedientes que están a la espera de resolución, por lo que quedan 20.334 citas previas pendientes». Ayer, último día del primer plazo de solicitantes, 4.000 personas «que llevan entre tres y cinco meses esperando» tendrían que obtener una respuesta «positiva o negativa», añadió. Para las personas que solicitaron la renta a partir del 15 de noviembre, si hay silencio administrativo que perdure hasta el 15 de marzo «se considerará que la renta es positiva» debido a que la «falta de respuesta por parte de la administración conlleva que se considere aprobada».

La diputada de los comunes Marta Ribas agredeció que «se mantuviera en la ley el silencio positivo, porque si no toda esta gente, por ineficacia del gobierno catalán, no podría recibir esta renta». Moreno señaló también de que «no se conocen nuevos beneficiarios posteriores al 15 de setiembre», día en que empezó a implantarse la nueva ley y que por lo tanto «ahora mismo las personas que cobran la RGC son aquellas que ya estaban cobrando la Renta Mínima de la Inserción, salvo casos excepcionales de urgencia».

Ambos grupos han dejado constancia de que la aplicación del artículo 155 no ha tenido nada que ver con esta mala implementación de la RGC y que, por lo tanto, «toda la ineficiencia es atribuible a la Generalitat». Ribas registró además una batería de preguntas al gobierno catalán para conocer al detalle cuáles son los recursos destinados a la gestión de la RGC, qué número de profesionales se ha contratado para implementarla o cuáles son las quejas.