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Torra desobedece a la Junta Electoral y no retira los lazos amarillos

El president recrimina a la administración la falta de «neutralidad política».

Cartel a favor de los presos independentistas en la fachada del Palau de la Generalitat, en Barcelona.
Cartel a favor de los presos independentistas en la fachada del Palau de la Generalitat, en Barcelona.larazon

El president recrimina a la administración la falta de «neutralidad política».

Quim Torra se estrenó ayer en la desobediencia tras desatender una resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que exigía la retirada de los lazos amarillos y esteladas de todos los edificios públicos. El president se dirigió a la JEC y, como avanzó la portavoz Elsa Artadi, dio una respuesta «combativa»: expresó su desacato y afeó a la administración electoral su falta de «neutralidad». Tras consumarse el plazo, ayer seguía luciendo el lazo amarillo que hay en el balcón del Palau de la Generalitat. Torra se enfrenta ahora a una multa de entre 300 y 3.000 euros, aunque también tendrá un margen de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

En un documento de tres páginas, el president exige a la JEC que reconsidere su resolución y esgrime «dificultad legal» para cumplir con el requerimiento. Torra sostiene que hay multitud de edificios públicos en toda Cataluña no gestionados ni en propiedad de la Generalitat y alega «el deber de respetar el derecho fundamental a la libertad de expresión reconocida a los empleados públicos». Pero además entra a rebatir el fondo de la resolución, que tacha de estar «lejos de mantener la neutralidad política»: primero defiende la estelada como un símbolo no partidista y, después, aduce que la petición de retirar los lazos amarillos sería ponerse de parte, ya que se daría la razón a las fuerzas contrarias a esta simbología.

Con respecto a la bandera independentista, Torra se remonta al 29 de enero de 2014, cuando el Parlament aprobó una resolución que declaraba a la «estelada» como «símbolo que representa un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta». Además, el president recuerda que no consta que ninguna institución del Estado la haya «cuestionado». «Por consiguiente, el carácter de símbolo partidista que la resolución de la JEC atribuye a la estelada, contraviene la resolución del Parlament y supone una interpretación subjetiva que no se corresponde con la realidad ni con la voluntad objetiva ni con la voluntad popular expresada por los representantes de la ciudadanía», zanja.

En relación a los lazos amarillos, Torra esgrime que el Parlament ha rechazado en dos ocasiones dos iniciativas legislativas que instaban a la retirada y prohibición de esta simbología de los edificios públicos. Por lo tanto, a su entender, la Cámara catalana ha mostrado «una posición clara a favor de la libertad de expresión en el espacio público» y la resolución de la JEC estaría «dando la razón a los partidos que han atacado sistemáticamente este tipo de manifestación pública». «Por lo tanto, está favoreciendo los postulados que estos partidos han defendido, por lo cual se incurre en una ausencia de imparcialidad, dado que la prohibición implica el reconocimiento a unos ideales de partidos que concurren a estas elecciones», concluye.

Tras este escrito «combativo» del Govern, las organizaciones constitucionalistas ya toman posiciones para dar una respuesta a Torra. En este sentido, PP y Sociedad Civil Catalana tienen previsto acudir a la Fiscalía –si esta no lo hace de oficio– para que actúe y abra un procedimiento por desobediencia y prevaricación. Asimismo, Cs, que fue el partido que recurrió a la JEC, advirtió ayer de que Torra «se ha puesto en el punto de mira de la justicia penal» y aseguró que lo denunciará. La formación naranja también anunció ayer que trasladarán a la Junta Electoral Provincial de cada demarcación catalana la resolución de la JEC para que ordenen a los ayuntamientos que también retiren los símbolos separatistas.

Aunque todavía es pronto para adelantar acontecimientos, este desacato podría derivar en la inhabilitación del president. Existe ya un precedente parecido: la ex alcaldesa de Berga Montse Venturós (CUP) fue condenada a seis meses de inhabilitación y 540 euros de multa por desobedecer un mandato judicial que ordenaba la retirada de una estelada del balcón del ayuntamiento de la localidad barcelonesa.