El número de planes urbanísticos alcanza el nivel de hace una década

Atrás, muy atrás quedaron esos tiempos en los que cada Comisión Territorial de Urbanismo tenía que hacer frente a la aprobación de decenas de proyectos urbanísticos. La actividad de estos organismos es comparable a la registrada en 2003, un año todavía lejano al «boom inmobiliario». En Alicante y Valencia esta afirmación refleja fielmente la realidad, en el caso de Castellón, es necesario precisar que se ha mantenido una tendencia al alza a lo largo de estos últimos diez años, ahora comienza a ser descendente.

Así interpretan las cifras desde el departamento de Evaluación Ambiental y Territorial, que dirige Juan Giner, quien confirma que salvo en los casos de municipios cuya tramitación de sus planes generales de ordenación ha sido muy larga, lo único que se estudia en estas Comisiones son modificaciones puntuales de planes.

La entrada de nuevos proyectos es prácticamente inexistente. Es más, en su lugar, se tramitan las renuncias de los promotores a los planes que tenían aprobados.

Sirva como muestra, los últimos datos evaluados desde la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y que corresponden a las Comisiones Territoriales de marzo de 2011 a los de 2012. 133 municipios acudieron a las Comisiones Territoriales, 41 de Alicante, 33 de Castellón y 59 de Valencia. 65 documentos se aprobaron de manera definitiva, 17 quedaron condicionados o pendientes de resolución, seis se denegaron y 32 se anularon a petición del promotor.

Estas renuncias suelen producirse una vez se han incumplido uno de los plazos de prórroga que la ley prevé para la ejecución de un programa urbanístico. En algunos de estos casos, estas empresas se encuentran en concurso de acreedores, por lo que no tienen medios económicos con los que hacer frente a la ejecución del proyecto.

El freno de los tribunales

A la decisión de estas empresas que desisten, en el mejor de los casos ante la incertidumbre que genera todo aquello que tenga que ver con el mercado inmobiliario, se ha unido la de aquellos programas urbanísticos, la mayoría de ellos tramitados bajo la figura del PAI, que han quedado paralizados por decisión de los tribunales.

Expertos consultados por LA RAZÓN, apuntan a que los casos conocidos durante el último mes, el plan Rabasa (Alicante), Mundo Ilusión (Oropesa) o Porxinos (Ribarroja) van a seguirles la gran mayoría de aquellos que se aprobaron mediante la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), especialmente en aquel periodo de transición que se dio antes de la aplicación de la Ley Urbanística Valenciana (LUV). La inexistencia de informes hídricos, así como la falta de calificación del agente urbanizador, suelen ser los motivos de su anulación.