La alcaldesa, de baj...

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se enteró de la baja por embarazo de la alcaldesa Alicante, Sonia Castedo, prácticamente al mismo tiempo que la opinión pública. Eso dijo. Así que quiso ser cauto a la hora de valorar si la marcha de la edil se haría extensible también a su escaño en Les Corts. No obstante, interpretó que si en su día ésta declaró que su intención era centrarse en el Ayuntamiento y lo que quería era dejar el escaño, ahora todo es posible, «Pero tengo que hablar con ella para concretarlo».

Castedo anunció ayer que delegará temporalmente su cargo por prescripción médica al estar embarazada. Según fuentes municipales, la primera edil, imputada por el caso Brugal, dejará el cargo a partir del próximo día ocho de octubre en manos del vicealcalde y concejal de Servicios Técnicos y Mantenimiento, Andrés Llorens.

Después de tres embarazos fallidos, el médico le ha recomendado reposo al menos durante quince días.

La decisión de la alcaldesa se convirtió ayer en una de las noticias más comentadas por las consecuencias políticas que podría acarrear. Así, mientras para unos suponía una retirada a tiempo antes de que se inicie el juicio, ahora en fase de instrucción; para otros, su marcha responde exclusivamente a motivos médicos y no supone su abandono definitivo de la política. En este sentido, se pronunció su homóloga en Valencia, Rita Barberá. «No va a dejar nada (...) Únicamente ha comunicado su embarazo y lo que quiere es estar un mes de descanso y reposo porque se lo ha recomendado el médico (...) No puedo decir nada más, que le vaya lo mejor posible, que es una felicidad tener un hijo».

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de visita ayer en Alicante, aprovechó la ocasión para recordar las acusaciones que en su día vertió Castedo contra el ministro socialista de Interior, al que en 2011 calificó de «siniestro». «Aquel ministro se fue y vino otro, y sus problemas continúan y crecen. De esto tiene que hablar la alcaldesa. Los ministros no la persiguen, es la Justicia, que es ante la cual tiene que dar explicaciones, y de paso ante los ciudadanos».

El caso «Brugal» investiga presuntas irregularidades en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad y posibles delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el PP en la provincia de Alicante.