PSPV pide pruebas de ADN gratuitas para familiares de posibles bebés robados

El grupo socialista en Les Corts denunció la «inoperancia» e «ineficacia» de la comisión sobre «Bebés robados» puesta en marcha en 2013 y solicitó ayer pruebas de ADN gratuitas para familias que tengan indicios de un caso.

La diputada Mercedes Caballero anunció que en el próximo periodo de sesiones retomará el compromiso adquirido por Les Corts en la pasada legislatura de facilitar y ayudar a resolver la situación de muchas de las familias con sospechas de haber sido víctimas de esta trama.

«Hasta ahora la comisión interdepartamental creada en 2013 con escaso interés por el PP e integrada por las consellerias de Gobernación, Justicia, Sanidad y representantes de diversas asociaciones no ha avanzado ni solucionado ninguno de los aspectos para los que fue creada», señaló.

En su opinión, «ha resultado totalmente inoperante e ineficaz» y recordó que «casi tres años después las familias siguen sin poder tener acceso a la información y documentación de hospitales, cementerios, registros y centros religiosos que necesitan para que la fiscalía investigue sus casos».

La diputada socialista ha registrado una pregunta oral a la Conselleria de Justicia para que aclare si por parte de la administración se ha elaborado desde 2013 «algún estudio o plan de trabajo que aborde los problemas de acceso a la información de las distintas administraciones que la comisión reclamaba».

«Según diversos informes, desde el año 1940 hasta 1990 más de 300.000 niños fueron separados de forma irregular de sus familias biológicas y dados por muertos para posteriormente venderlos a otras familias con la complicidad de médicos, matronas, responsables eclesiásticos e incluso de la administración», recordó.

Sin embargo, la única respuesta del anterior Consell fue «la pasividad y el abandono de los afectados», según Caballero, quien denunció que la comisión solo se ha reunido tres veces, una de ellas la constitutiva, sin «aportar solución alguna» y a pesar de que tenía obligatoriedad de hacerlo dos veces al año. Explicó que el problema al que se enfrentan muchas de estas familias es la incapacidad de que la justicia reabra e investigue sus casos «puesto que al no disponer de los datos necesarios, las denuncias no prosperan y la fiscalía los archiva» y al no existir investigación judicial, las pruebas de ADN se las tienen que costear ellos. Ante esta situación, instó a la conselleria a que facilite «la justicia y pruebas de ADN gratuitas para las familias con sospechas fundamentadas independientemente de que puedan o no acceder a los registros que ahora se les niegan».