«¿El pederasta que han detenido se parece a mí?»

Un año después de su detención, Antonio Ortiz, el agresor sexual de Ciudad Lineal espera su juicio obsesionado con encontrar una «coartada» en su parecido físico con otro violador

Hace justo un año y un día que duerme en la cárcel. Primero lo hizo en el centro penitenciario Madrid V, Soto del Real y desde el pasado mes de marzo en el de Herrera de la Mancha. La situación procesal de Antonio Ángel Ortiz Martínez, de 43 años, aún es de prisión preventiva, pero desde su detención el pasado 24 de septiembre en Cantabria es conocido por todos como el «pederasta de Ciudad Lineal». Ya era tristemente famoso antes de su arresto. Lo único que cambió aquel día es que toda España puso cara a un individuo que llevaba casi un año cometiendo, de forma intermitente por la zona de Hortaleza, Ciudad Lineal y San Blas (bautizada como «zona Candy» por el nombre de la operación), el delito más despreciable que pueda haber: abusar sexualmente de niñas después de drogarlas. La instrucción del caso, que ha pasado ya por las manos de tres magistrados distintos, está muy cerca de llegar a su fin –apenas quedan por resolver unos recursos–, pero la apertura de juicio oral no se espera para este año. El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, le acusó de cuatro delitos de agresión sexual (y cuatro detenciones ilegales previas), tres de lesiones (por las agresiones que sufrieron las niñas) y una indemnización de 120.000 euros para el eventual pago de la responsabilidad civil si fuera condenado. Las cifras del sumario también marean: consta de unos 3.500 folios y seis piezas separadas.

Cuesta creer que un tipo que tiene todas las papeletas para tirarse prácticamente el resto de sus días privado de libertad (sus delitos sumarían, en su grado máximo, 90 años de cárcel), y si pisa la calle temerá eternamente un reconocimiento y una agresión se muestre tranquilo o incluso optimista. Quizá aún alberga esperanzas de salir absuelto del juicio o de que, si la Audiencia le condena, el Supremo revoque esa sentencia. Mientras, lo único que mina su ánimo es una única obsesión: que haya algún nuevo pederasta detenido que se parezca físicamente a él. Se lo pregunta constantemente a su madre, la única persona con la que mantiene contacto con el exterior (vía telefónica), para que ésta se lo transmita a su abogado, con el que también habla pero no con tanta frecuencia. «Se parece a mi?», pregunta insistente. Y es que, a pesar del rosario de pruebas que la Brigada de Policía Judicial de Madrid recabó y que le señalan como autor de aquellos hechos, él mantiene su inocencia. Por eso, sólo explica su imputación una serie de «maletendendidos y coincidencias» que espera que su abogado demuestre cuando se celebre el juicio. El complicado trabajo que tiene por delante el letrado Cristobal Sitjar, que lleva más de una veintena de años como abogado en el Icam, es evidente. Él no es que se muestre convencido de su defensa, es que «desde el principio» vio cosas en el atestado policial que «no cuadraban». Se trata de un trabajo muy complicado del que, insiste, no va a «sacar nada positivo» si consigue que dejen en libertad a «un inocente», como sería de justicia si así fuera. Aunque, lógicamente, se deja algunas «perlas» para la vista oral, ya tiene varias periciales que «desmontarían de forma objetiva» muchos puntos del atestado policial elaborado por el Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Sus motivos para considerar que Ortiz no es el pederasta de Ciudad Lineal –y que ni siquiera tiene que tratarse de un solo individuo– son varios.

¿Coincide el apellido genético?

La prueba más valiosa, el ADN del agresor en la ropa de las menores, así como el ADN de éstas en el piso de Santa Virgilia, 3 (donde cometió dos de sus actos), no son determinantes para el letrado. Asegura que sólo se pudo hallar un haplotipo STR de cromosoma Y, es decir, su «apellido genético», lo que supone una media de entre 5.000 y 120.000 personas con el mismo cromosoma. En cualquier caso, asegura que el cromosoma Y se trata de «un medio de investigación, no de identificación» y pone en duda la cadena de custodia, ya que, dice, las prendas de las menores han podido ser «contaminadas» con pruebas biológicas de Ortiz, que dio su consentimiento para que le tomaran muestras de su ADN. Por otra parte, pone en tela de juicio la inspección ocular realizada en el llamado «piso de los horrores». Sitjar ya solicitó la nulidad de esta prueba porque en el atestado policial figura que comienza a las 9:30 horas del 25 de septiembre de 2014 mientras que la secretaria judicial, según el sumario, llega a las 19:00 horas. No entiende cómo la señora de la limpieza contratada asegura que el piso se había limpiado tras unas obras y, sin embargo, quedaban «huellas de salida» de una menor pero «no de entrada y tampoco las de los obreros que supuestamente entraron días después», explica. Un experto asegura que tampoco se habría podido obtener ADN de la menor que supuestamente vomitó en el piso porque «el jugo gástrico disuelve la saliva» y es «técnicamente imposible».

El posicionamiento del teléfono de su cliente también le separa de los hechos investigados, según su versión. Su posicionamiento telefónico le sitúa a tres kilómetros a la hora (21:04 horas) en la que las cámaras de la gasolinera Galp registraron el abandono de la menor agredida en septiembre de 2013. Tampoco ha contemplado la Policía, según el informe sobre la cobertura de las estaciones base de telefonía móvil que empleará Sitjar en su defensa, que ninguna de las llamadas registradas «vinculan al portador del móvil en la vivienda de Santa Virgilia porque las dos estaciones base con las que se midió no pueden dar cobertura al interior del edificio al encontrarase a 3 kilómetros de distancia y ser de apenas 500 metros de alcance». Además, asegura que, según este estudio, el móvil de Ortiz le sitúa cerca del aeropuerto a la hora en la que fue abandonada cerca del metro de Canillejas la menor agredida en abril.

Por otra parte, Sitjar sostiene que las descripciones que las niñas hacen de su agresor (recogidas también en el sumario) no coinciden con su cliente y que la rueda de reconocimiento debería invalidarse porque los medios ya habíamos difundido su imagen y las menores ya se habían contaminado. Según Sitjar, eso ocurrió al menos con una de ellas que dijo que el pelo del «hombre malo» era negro, confundiendo las fotos en blanco y negro que, según él, ya habría visto. Además, insiste en que hay varios testigos que en este caso, que es el de la menor china raptada en junio, aseguraron que el autor era un hombre con el pelo blanco (uno de esos testigos es un policía municipal jubilado). La última víctima, la de agosto, insistía –y según el abogado de la defensa, así consta en el sumario– en que el coche empleado en su agresión fue un Toyota pero la Policía sostiene que era la Picasso sobre la que había una orden de embargo y cuya matrícula habría captado fugazmente la cámara de un banco.

Flexiones y un par de carreras por el patio, su único ejercicio

En la prisión de Ciudad Real, Ortiz, está en aislamiento, clasificado como preso de especial seguimiento. Pasa 20 horas diarias en su celda de poco más de seis metros cuadrados. Mata el tiempo leyendo, no ve la tele y algún rato de las cuatro horas diarias que tiene derecho a salir al patio se esfuerza en hacer algo de deporte. Su obsesión con las pesas y los anabolizantes lo ha tenido que sustituir ahora por echar un par de carreras por el patio de la prisión y algunas flexiones. Ya no fuma, tiene muy pocas pertenencias (va casi siempre con el mismo chándal), no se ha cortado el pelo y su trato con los funcionarios es «correcto y obediente». Poco queda del perfil altanero y arrogante que se desprendía de los pinchazos telefónicos los días previos a su detención. En la cárcel no ha dado problemas («como suelen hacer este tipo de internos tan mediáticos», según aclara un funcionario) y «se le ve bien de ánimo».