España continúa la guerra civil (y penal) pero por otros medios, juez o magistrado mediante. Hay gente para quienes los pleitos son la sal de la vida, que ya debe ser sosa la suya si para animarla no les basta con un mal matrimonio y necesitan meterse en un conflicto que no se sabe cómo acabará ni lo que le va a costar, es decir, lo mismo que le ocurre a quienes contraen matrimonio a ciegas con mujer que resulta manirrota, veleta y descerebrada. En Madrid hay más abogados colegiados que en toda Francia y así nos va, pero ahora resulta que lo que creíamos que era un poder del Estado lo han terminado convirtiendo en un chiringuito disuasorio al que no se acercan los clientes por temor al precio de las cervezas. Los derechos ciudadanos, ese cuento de hadas del que habla la Constitución, quedan situados a medio camino entre la prosa lírica y el delirio en prosa o, más ajustadamente, dentro directamente de la literatura fantástica. En materia justiciera apenas hemos empezado la senda de la evolución cultural hacia formas civilizadas de solución de conflictos sociales. Así que o bien se están ensañando con nosotros los poncios o es que el PP tiene toda una estrategia orientada al cabreo general de la población. Contra las tasas ha hablado todo el mundo menos quienes las impusieron para tapar los rotos del tejido económico que ellos mismos contribuyeron a generar. Ahora nos quieren cobrar por acudir a la justicia, mañana nos pedirán una pasta por operarnos de cáncer o tendremos que pagar tasas por las operaciones en Afganistán. El caso es que cuando les da por cavar para sacar dinero siempre acaban haciendo agujeros en el mismo sitio: el bolsillo de los contribuyentes. Mayormente, el mío.