Sabotaje masivo a los servicios mínimos en la huelga de Lipasam

El derecho a la huelga está recogido en la Constitución española. El vandalismo, por contra, no es ningún derecho. Es un delito. Que los trabajadores de la empresa pública de limpieza, Lipasam, se afanen en boicotear los servicios mínimos como forma de protesta durante la huelga que comenzaron el lunes resulta tan comprensible para la ciudadanía como que, en una hipotética protesta de policías, los agentes comenzaran a robar. La violencia, sin distinción de su procedencia, invalida las legítimas reivindicaciones de cualquier colectivo. Las formas –cuando de la limpieza y la salud se trata, más aún, si cabe– son parte del fondo del asunto. Hay emisoras nacionales de radio que tiran, para hablar del tema, del «Sevilla tiene un color especial» especificando que la capital empieza a tener «un olor especial». En la ciudad, tras dos días de paro efectivo, ya se cuentan, según el comité de empresa, más de 700.000 kilos de basura.

«Por requerimiento de la Policía Nacional», todos los vehículos salieron «a la vez», informó el Ayuntamiento. Se necesitó «escolta de la Policía Local durante la jornada». «Barricadas formada por escombros», basura en zonas ya baldeadas, unas 70 personas concentradas a las puertas de las cocheras y 30 en la calle Jándalo, contenedores ardiendo, cubos volcados, papeleras tiradas frente a colegios y basura esparcida en la vía pública, más numerosas averías en los camiones de Lipasam. Los puntos más afectados por el vandalismo fueron la Plaza del Salvador, Rioja esquina con Tetuán, Cuna esquina con Rivero y Alcaicería. El parte de incidencias de la jornada de huelga de ayer es amplio. Según el Consistorio, durante la recogida de noche, «todos los servicios mínimos se han cubierto», saliendo «con total normalidad a excepción de un ciudadano que insulta a una operaria y le tira delante de ella un montón de papeles, recriminando la convocatoria de huelga».

Debido a esta situación, el Ayuntamiento ha requerido a la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa una ampliación de los servicios mínimos, fijados por la Junta, ante la falta de acuerdo entre las partes, en un 30%. La dirección de Lipasam requiere que en talleres –ante los numerosos incidentes– se alcance este porcentaje en los mecánicos, siendo ahora del 3%.

Los trabajadores de Lipasam volvieron a concentrarse ayer ante el Ayuntamiento. El presidente del comité, Antonio Bazo (CC OO), se mostró en contra del vandalismo y se excusó en que no puede «controlar a 1.500 trabajadores». Bazo explicó que frente a los más de 320.000 kilos de basura recogidos la noche del martes de la semana pasada, ayer fueron 60.000. «El impacto de la huelga empieza a notarse», dijo, sin «contacto» entre empresa y comité. Fernando Castilla (UGT) negó cualquier relación del comité con los «actos vandálicos» y habló de una «guerra de desprestigio» del Consistorio. El alcalde, Juan Ignacio Zoido, de promoción en Madrid, rechazó los sabotajes, pidió «cordura» y resaltó que el Ayuntamiento tiene «la voluntad y la decisión de negociar con los trabajadores».