El mayor moroso de España: «Hacienda es voraz, me ha triturado»

El cabeza de lista de los morosos españoles en 2018 defendió su inocencia en el banquillo declarándose víctima de un «monstruo», la Hacienda pública. Agapito García Sánchez, el mayor deudor de España, compareció ayer como acusado ante la Audiencia Provincial de Madrid por cuatro operaciones con las que habría defraudado un millón y medio de euros en 2009. El empresario habría omitido de su declaración de la renta «determinadas rentas» para aminorar «sustancialmente» lo que debía pagar en concepto de IRPF. «No soy un defraudador», afirmó, aunque reconoció que durante ese año hizo muchas «barbaridades» debido a su «profunda depresión».

El acusado debía al erario público en España un total de 15.978.413 euros en 2018, según los datos de la Agencia Tributaria a la que, durante el juicio, acusó de «arbitraria», de llevar 30 años persiguiéndole y de retorcer la legalidad. «La Agencia Tributaria me ha triturado», declaró el acusado. «Es voraz, brutal, devora al ciudadano», aseveró a los medios, informa Efe.

Los motivos de esta supuesta persecución, que finalmente le han llevado a juicio, fueron varios fraudes que comenzaron con la venta de 359.999 acciones de una empresa por 4,1 millones de euros, gracias a la que incrementó su patrimonio en 512.083 euros. El segundo movimiento sospechoso está relacionado con un préstamo de 2,6 millones de euros percibido por una empresa del investigado a lo largo de 2009, y que, según la Fiscalía, debió integrarse en la base imponible del IRPF. Asimismo, Agapito tampoco pagó los impuestos correspondientes de la firma de un contrato que establecía que recibiría 15.000 euros mesuales desde el 1 de septiembre de 2009, 60.000 en total, a través de cuatro sociedades de las que era accionista único.

Al defender su inocencia, Agapito García explicó que su declaración de la renta de 2009 la hizo un asesor «porque era un tanto compleja» y que todo fue «lícito», aunque en esa época llevaba tiempo «enfermo» y el médico le «prohibía» tomar «ninguna decisión». El fiscal pide para el acusado cuatro años de prisión. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita que se le imponga una multa de cuatro millones de euros y que indemnice al erario público con un millón y medio de euros.