El Plan Vive ofertará 25.000 viviendas a mitad de precio

La mitad de los jóvenes españoles se va de casa de sus padres a los 29 años y uno de cada cuatro no lo logra hasta los 34, según Eurostat. En un país donde la edad media de emancipación casi no se ajusta a la etiqueta «joven» surge la necesidad de luchar contra la precariedad laboral y dar oportunidades a una generación afectada por la crisis financiera.

La Comunidad de Madrid está realizando un «grandísimo esfuerzo» para garantizar la accesibilidad a la vivienda. Para dar respuesta al abanico de compromisos en materia inmobiliaria, la región canaliza sus actuaciones por tres vías. En primer lugar, favorecer el acceso a un hogar a los más desfavorecidos con la construcción de un parque de 25.000 viviendas públicas en los próximos ocho años. Bajo el nombre de Plan Vive, el Gobierno regional impulsará la emancipación de los jóvenes de entre 25 y 35 años con alquileres a mitad de precio bajo concesión. La medida en materia de vivienda se verá reforzada mediante el impulso del Plan Alquila, que pretende dar seguridad tanto al arrendatario como al arrendador y ofrecerá unos precios más baratos que en el resto de la región.

El equipo de Isabel Díaz Ayuso trabaja también en la apuesta por la rehabilitación de cerca de las 1,7 millones de viviendas que necesitan una renovación. Por último, abogará por buscar soluciones para solventar el problema de emancipación de los jóvenes españoles.

Hay que dejar de utilizar la vivienda como instrumento de lucha o de posicionamiento político. En su lugar, «debería abordarse desde una óptica más pragmática y pegada a la realidad», porque la accesibilidad al mercado inmobiliario es un problema que afecta a toda la sociedad, indicó David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, durante su intervención en la inauguración de la mesa redonda sobre la situación del acceso a la vivienda de los jóvenes en la región que organizó LA RAZÓN y Aedas Homes. El consejero aprovechó el acto para mostrar su rechazo a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de regular el precio del alquiler. Anunció, además, que la Comunidad de Madrid recurrirá cualquier iniciativa intervencionista sobre los precios del alquiler o que invada las competencias autonómicas «por la vía que sea». Pérez aclaró que no tiene duda de que «hay buena voluntad» por parte del Gobierno al barajar la posibilidad de poner un techo al precio del alquiler, pero considera que no escuchan ni al sector ni a los proesionales.

Para discutir sobre los problemas reales a los que se enfrentan los municipios madrileños a la hora de fomentar la compra y el alquiler de viviendas entre la población joven, el evento contó con la participación de representantes de las instituciones públicas, de promotoras inmobiliarias y de expertos económicos, como Javier Rodríguez, alcalde de Alcalá de Henares; Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos; José de la Uz, alcalde de Las Rozas; Leopoldo Torralba, economista de Arcano Economic Research; y David Martínez, director ejecutivo de Aedas Homes.

Por su parte, Javier Rodríguez puso en valor los aspectos en los que hay consenso entre el Gobierno regional y las administraciones locales, pero mostró su apoyo a la propuesta de establecer un techo en los precios del alquiler. En el caso concreto de Alcalá de Henares, municipio que gestiona, considera que no es necesario, pero cree que «se puede y se debe intervenir en los precios del alquiler en casos como los de Ibiza, donde nadie puede acceder a una vivienda en verano». El problema de esta histórica localidad del este de Madrid es que tiene una corona de barrios construidos entre 1960 y 1980 que necesitan una rehabilitación. Se trata de un proyecto muy costoso, por lo que también hay que pensar en otras actuaciones para cubrir las necesidades de los jóvenes. En ese sentido, Rodríguez destacó el trabajo coordinado que se está realizando con la Comunidad de Madrid, además de la importancia de la colaboración público-privada para generar un nuevo parque de viviendas para la gente joven que necesita vivir e independizarse. Una de las soluciones que propuso el alcalde es el uso del suelo público para que la iniciativa privada construya viviendas para el alquiler.

Para Leopoldo Torralba el problema no es el precio elevado. Si la vivienda está cara o barata se calcula con la ratio de esfuerzo y, si se elimina de la ecuación a los jóvenes, el acceso a la vivienda no requiere una inversión excesiva. Por lo tanto, el problema es el poder adquisitivo y la remuneración durante los primeros años de la vida laboral. «El principal obstáculo que tienen que superar los jóvenes para comprar es la precariedad», indicó Torralba. La solución pasaría por eliminar la temporalidad del mercado de trabajo pero, como no es una propuesta realista, hay que buscar otros métodos. En ese sentido, el economista destacó que hay que actuar sobre el precio el suelo para abaratar las viviendas. «Si se saca más suelo, bajará el precio», explicó. El economista de Arcano Economic Research sostuvo que el control sobre los precios no es positivo porque genera inseguridad jurídica. «Alguien tiene que pagar esas casas porque los dueños necesitan una rentabilidad. Centrándose en el inversor, se acabará pensando en el inquilino joven», añadió.

El problema en localidades como Las Rozas, al oeste de Madrid, es conseguir que los jóvenes que se independizan quieran, y puedan, quedarse ante la ampliación de la oferta de viviendas por la falta de suelo. De la Uz destacó la apuesta del consistorio para liberar suelo público, pero lamentó la cantidad de trámites administrativos que es necesario superar. Por ello, el alcalde reclamó más agilidad administrativa y la eliminación de algunas trabas para así atraer más inversión inmobiliaria.

En ciudades relativamente nuevas, como es el caso de Tres Cantos, al norte de la capital, la rehabilitación de los barrios no supone problema alguno. Para el alcalde, Jesús Moreno, el problema de los jóvenes para acceder a la vivienda es, principalmente, el dinero. «Se obtiene dinero con el trabajo, por lo que el primer factor que afecta al sector inmobiliario es el ámbito laboral». Otro problema es la inestabilidad de los contratos de trabajo, que conduce a una reticencia a la hora de gastar. «Ahorras, no gastas y no inviertes en una vivienda», resumió Moreno. Además, los jóvenes no tienen el mismo sentimiento de pertenencia al lugar donde han nacido que el que puede estar presente en generaciones anteriores. Por ello, Moreno valoró las iniciativas para fomentar el acceso a la vivienda para los jóvenes que tiene en marcha la Comunidad de Madrid. «Hay que prestar atención a la colaboración público-privada porque si hay grandes constructoras dispuestas a construir, los ayuntamientos no tenemos que meternos en ese ámbito», añadió. Se trata de ofrecer soluciones no solo para los jóvenes, sino también para divorciados o familias numerosas que quieren acceder a una vivienda allí donde se siente arraigados.

El papel de los promotores en el sector inmobiliario es el de actuar como agentes económicos con la misión de satisfacer las necesidades de vivienda. Para ello, es imprescindible una estabilidad en el sector y una coyuntura donde los precios no suban mucho, según explicó el director ejecutivo de Aedas Homes, David Martínez. El problema que detecta Martínez es que la edad media de los compradores es de 45 años, una cifra demasiado elevada y que evidencia que hay algo que no funciona. Los promotores se encuentran con potenciales clientes que tienen la capacidad de pagar la hipoteca, que cubre un 80% del importe de la vivienda, pero no tienen la posibilidad de afrontar el 20% restante. «No ha habido capacidad de ahorro» por la crisis, sentenció.

«Intervencionismo patológico»

José María García, director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, destacó la labor de los ayuntamientos y las promotoras a la hora de aportar soluciones para el acceso a la vivienda. La respuesta a la demanda de los jóvenes pasa por la colaboración público-privada con el objetivo de «lanzar un producto que se ajuste a sus necesidades». La alternativa al «intervencionismo patológico» es trabajar juntos para lanzar propuestas que funcionen. Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN, destacó la importancia de apoyar a los sectores que mueven la economía, como es el caso de la construcción. «No se pueden poner barreras al desarrollo económico. Por algo las empresas españolas pueden competir a nivel internacional en obras públicas y privadas».