El Gobierno ejecuta el desalojo de La Ingobernable

El Ministerio de Justicia, propietario de un inmueble ocupado por el colectivo ‘La Ingobernable’ en las proximidades del Museo del Prado, ha ejecutado esta semana el desalojo del edificio, según anuncia ese colectivo que además critica que se hayan ignorado las alegaciones presentadas “vulnerando así el derecho fundamental a la legítima defensa en el procedimiento administrativo”.

El Gobierno había concedido de plazo hasta el 17 de abril para el desalojo voluntario del edificio situado en el número 4 de la calle Alberto Bosch, en el distrito de Retiro, según una notificación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 14 de abril.

El edificio de 2.000 metros cuadrados propiedad del Ministerio de Justicia fue ocupado pasado 4 de marzo después de que el colectivo La Ingobernable fuera desalojado en noviembre de 2019 del inmueble ubicado en la calle Gobernador en la esquina del Paseo del Prado.

En un comunicado emitido este viernes, el Colectivo Social ‘La Ingobernable’ critica asimismo que el desalojo se haya ejecutado durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, y cuestiona “cómo puede este Gobierno plantear como una prioridad el desalojo de la Ingobernable, destinando recursos públicos para ello, en medio de esta crisis”.

El edificio de Alberto Bosch, "cerrado y sin actividad desde hace cinco años, fue recuperado y abierto el pasado 4 marzo por el colectivo La Ingobernable. El pasado jueves 16 de abril, el espacio hizo pública con un comunicado la amenaza de desalojo tras recibir una notificación por el BOE donde se especificaba que el Ministerio iba a proceder al desalojo del espacio en 48 horas", señalando que "no había constancia de que se hubieran presentado alegaciones durante el procedimiento abierto", añade el comunicado.

El colectivo denuncia "la instrumentalización del estado de alarma y un uso político de la justicia en el Gobierno" al justificar el desalojo durante la crisis por motivos de "interés general" o "problemas de salud pública", cuando la actividad del espacio estaba "completamente detenida desde el principio del estado de alarma".

También advierte de que el Ministerio ha “vulnerado el derecho fundamental a la defensa, cuando se reanudó el proceso de desalojo”, ya que el colectivo tenía un plazo para presentar alegaciones que "fueron emitidas por un vecino el pasado 27 de marzo, a pesar de que al Ministerio no le conste¿, y además se le informó de estas al ministerio en un recurso emitido el día 17, pero “continuaron ignorándolas”, añaden. Aseguran, asimismo, que La Ingobernable es “un proyecto que va más allá de un espacio, y la okupación una práctica legítima” en la actual “crisis social, económica y sanitaria” en la que “el apoyo mutuo y la solidaridad son imprescindibles para la reconstrucción de una sociedad”.