El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula Madrid Central, pero las multas continúan

Estima parcialmente los recursos de la Comunidad de Madrid y el PP del Ayuntamiento, porque incurrió en una omisión del trámite de información pública, un requisito que se considera esencial, preceptivo e indispensable

Thumbnail

Madrid Central, la ordenanza puesta en marcha por Manuela Carmena en octubre de 2018 para reducir las emisiones contaminantes en la capital, se encuentra ahora mismo en la cuerda floja. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido anular la normativa, actualmente en vigor, tras estimar parcialmente los recursos presentados en su día por el Gobierno regional, el Grupo Popular en el Ayuntamiento y la mercantil DVuelta Asistencia Legal. ¿El motivo? Los «defectos formales» de un reglamento en el cual el tribunal no ha entrado a valorar el fondo del asunto, así como su regulación.

Con todo, y según ha podido saber este diario, las multas por entrar al centro de la capital sin el debido permiso continuarán hasta que se produzca sentencia firme. De hecho, la Plataforma en Defensa de Madrid Central, por medio de Ecologistas en Acción, anunció que recurrirá la sentencia con el objetivo de mantener la Zona de Bajas Emisiones.

En su sentencia, los magistrados consideran que la ordenanza de Madrid Central incurre en una omisión del trámite de información pública, un requisito que se considera «esencial, preceptivo e indispensable» al tratarse del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos, reconocido en el artículo 23 de la Carta Magna. Por este motivo, quedarían anulados los artículos de 21 a 25 de la ordenanza.

Del mismo modo, el TSJM ha anulado el artículo 23 al entender que falta la «imprescindible» memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza, respondiendo así a las alegaciones realizadas por el Grupo Municipal del PP. Dicha memoria, dice la Sala, es imprescindible para «valorar con pleno conocimiento y con antelación la repercusión que los costes de su aprobación pueden representar en relación con los principios de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, sostenibilidad financiera y regla de gasto».

Así, la anulación parcial del acuerdo del Consistorio supone que, en el caso de que estas tres sentencias alcancen firmeza, todas las multas impuestas decaerían al carecer de sustento normativo.

Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento se felicitaron por la noticia. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, presidente de la Comunidad cuando el Gobierno regional llevó ante la Justicia la medida, aseguró que la decisión demuestra «que el Gobierno populista de izquierdas hizo las cosas como suele hacerlas: no atendiendo a los criterios de legalidad. Faltaban trámites preceptivos e informes que eran obligatorios. Hay que consultar a los vecinos, comerciantes, Ayuntamiento y Comunidad antes de poner en marcha una medida como esta».

Mientras, Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, aseguró que “desde la Comunidad de Madrid respetamos la decisión judicial que ha tomado hoy el TSJM”. Una decisión “muy en línea con la postura que defendía la Comunidad de Madrid, que recurrió en su momento por defectos de forma y que afectaba de manera directa a los ciudadanos. Y aunque es recomendable establecer una zona de bajas emisiones como marca la Unión Europea, hay que hacerlo en base a criterios técnicos y medioambientales, así como de impacto económico”. De ahí que consideren que “dichos criterios no se incluían en el proyecto que diseñó la anterior corporación municipal”

Moratoria “justificada”

Por su parte, el Consistorio, según informó, se encuentra «estudiando la sentencia y sus consecuencias», si bien «respeta las decisiones judiciales y está comprometido en dar seguridad a los madrileños». Además, recordó que el equipo de Gobierno está trabajando por mejorar la calidad del aire a través de su estrategia Madrid 360. En todo caso, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, aseguró en su perfil de Twitter que «la sentencia confirma lo que denunciábamos como oposición; falta de información, falta de estudio de impacto económico...». Además, indicó que queda demostrado que la moratoria que solicitó el Ayuntamiento y que fue anulada por los tribunales «estaba justificada». La vicealcaldesa ha mantenido en la red social una discusión con Íñigo Errejón al respecto.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista instó al Ayuntamiento a recurrir en casación el fallo. «Ahora es cuando vamos a ver si José Luis Martínez-Almeida es el alcalde de todos o el ‘‘hooligan'' insensato que era antes de la crisis sanitaria », señaló su portavoz de Medio Ambiente, Alfredo González. Idéntico anuncio realizó la portavoz de Más Madrid, Esther Gómez. «Es una terrible decisión, no política sino para la salud de los madrileños y madrileñas», aseguró.