Fiestas ilegales en Madrid: tickets a 80 euros, treintañeros y casos positivos

La nueva normalidad ha traído consigo nuevos delitos. Actitudes que hace tan solo unos pocos meses pasaban inadvertidas son ahora perseguidas por las autoridades. Y entre ellas, una de las más preocupantes y difíciles de controlar son las fiestas clandestinas. Esas reuniones de más de seis personas que van desde bienintencionadas fiestas familiares hasta muy estudiados eventos en los que se cobra entrada a los asistentes. Solo en los dos últimos fines de semana, la Policía Municipal de Madrid ha tenido que desalojar unas 250 celebraciones privadas. Una de las más sonadas fue la que tuvo lugar en un piso de Tetuán, con más de ochenta personas, y en la que cuatro agentes del Cuerpo municipal resultaron heridos debido a la resistencia opuesta por algunos de los asistentes.

¿Cual es el modus operandi habitual de estas fiestas clandestinas? Como explica a LA RAZÓN José Luis Morcillo, comisario principal de la Policía Municipal, la principal «fuente» a la hora de indagar sobre estos domicilios son los vecinos. «Los avisos por ruido siempre son una constante. Habitualmente han sido numerosos, y podían ir desde alguien que mueve un mueble por la noche a la celebración de un cumpleaños. Sin embargo, desde marzo vemos que ya no son una celebración familiar ni entre amigos: una actividad de negocios por la que se cobra dinero. Sobre todo desde el cierre del ocio nocturno», señala.

Así, no están siendo excepcionales las agrupaciones de entre 80 y 90 personas. ¿Las zonas? No solo en Centro. Prácticamente en cualquier de los 21 distritos: Chamberí, Tetuán, Puente y Villa de Vallecas, Aravaca, Fuencarral, Vicálvaro... «En esta última, solo pudimos intervenir los equipos de sonido, porque todos salieron corriendo», recuerda.

Se están dando casos de venta de entradas, a precios que pueden ir desde los 20 hasta los 80 euros –depende de si se celebra en piso o en chalé–. Algo que, ya de entrada, supone un delito fiscal, al ejercer una actividad comercial sin licencia y que supone que el Cuerpo «dé cuenta a la Agencia Tributaria». No en vano, explica, en ocasiones utilizan el datáfono para llevar a cabo los cobros. Se trata de eventos que, bien surgen por el «boca a boca», bien se convocan a través de redes sociales, siempre «con perfiles cerrados». De hecho, en las últimas fechas, los agentes están intensificando sus investigaciones en esta segunda dirección. «Puede darse el caso de que el organizador de la fiesta pague a algún vecino para que no lo delate», señala.

Desde que la Policía Municipal adoptó estas nuevas competencias sanitarias el pasado mes de septiembre, una de las nuevas herramientas con las que cuentan los agentes son las bases de datos. En sus intervenciones, la Policía Municipal puede comprobar in situ si alguno de los asistentes debería estar guardando la cuarentena por contagio. Una vez que se personan en la celebración clandestina, los agentes consultan la base de datos en la que están registrados aquellos madrileños que hayan pasado por una PCR y, por supuesto, aquellos que hayan dado positivo. Solo en octubre, la Policía Municipal ha llevado a cabo 4.172 controles y han sido identificadas 59.000 personas y 50.000 vehículos. Lo que significa unos 100.000 ciudadanos identificados. «La base de datos es susceptible de entrar también por calles. Por ejemplo, en la calle Ríos Rosas, donde hace poco se celebró una fiesta, podemos entrar en la base de datos y ver todas las personas que estén empadronadas y hayan dado positivo», añade. De hecho, así ha ocurrido en otras reuniones, donde algún asistente había acudido pese a estar contagiado por coronavirus.

¿Conclusión? No solo se incumple la normativa sanitaria, tanto por superar el límite permitido como por la ausencia de mascarillas –mayoritaria en estos eventos–, sino que también se da una actividad económica ilegal, que se denuncia por vía administrativa. «A partir de 150 personas la infracción sanitaria es muy grave y la responsabilidad, mucho mayor», subraya.

Tal y como señaló ayer el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, el 28% de los contagios se da entre jóvenes de entre 15 y 29 años, lo que supone una incidencia muy por encima de la media nacional. Además, la mayoría de las infecciones se están produciendo en fiestas privadas, «en horarios muy determinados». Así, ya se han tramitado más de cien expedientes a estudiantes con multas de 1.000 euros y sanciones que pueden suponer la expulsión de su residencia, temporal o definitiva. «Pido a los jóvenes responsabilidad. No estamos para fiestas; se puede acabar en una UCI o en el tanatorio», afirmó Aguado.

En esa línea, José Luis Morcillo indica que las fiestas clandestinas cuentan con numerosa presencia de «treintañeros», más incluso que de adolescentes. «La inmensa mayoría respeta las normas, pero siempre hay una minoría. Vamos a actuar con completa decisión: una ''vacuna policial'' ante estos nuevos problemas».