El cura de la Cañada lanza un SOS: 2.000 niños viven sin luz

Ya llevan así dos meses y medio y la situación, lejos de solucionarse, parece que va camino de cronificarse. Se trata de los vecinos del Sector VI de la Cañada Real (perteneciente este tramo a Madrid capital), que llevan sin luz desde principios de octubre cuando el alto consumo del suministro proporcionado por la empresa Naturgy, muy superior al normal en residencia habitual, hizo saltar el suministro. El problema eran las plantaciones de marihuana que algunos vecinos tenían instaladas en sus parcelas, unos cultivos que requieren de luz artificial para su crecimiento y, por tanto, unas facturas de luz inasumibles, de no ser porque enganchan el fluido eléctrico y nadie las paga. Ahora, como se suele decir, han pagado justos por pecadores y a pesar de las bajas temperaturas cerca de 4.500 personas (la mitad de ellos niños, según el último censo realizado en 2010) siguen sin luz: calentando agua para lavarse en palanganas y tirando de bombonas de butano para calentarse con catalíticas y para cocinar. «No les funciona la nevera así que si antes apenas salían un par de veces al mes de Cañada para comprar comida ahora tienen que salir casi a diario y es un gasto extra como la compra de butano, de generadores de gasolina... Pueden ser 200 o 300 euros al mes», explica Agustín Rodríguez, el párroco de la Iglesia Santo Domingo de la Calzada, que está muy involucrado en el problema y advierte de que la tensión en el vecindario está tocando techo. «Hay mucha frustración. Nada de lo que se plantea parece viable y existe una clara incapacidad para afrontar el asunto. La prueba más evidente es que seguimos sin luz». La parroquia de Agustín sí tiene fluido eléctrico porque viene del mismo tendido eléctrico «legal» de los vecinos de la calle Francisco Álvarez, la única calle «legal» de la Cañada, lo que también supone un problema porque muchos pretenden sacarla de ahí. Según el sacerdote, el Pacto Regional, por el que los actores implicados (Delegación de Gobierno, Comunidad de Madrid, Ayuntamientos de Rivas, Coslada y Madrid, así como entidades sociales y vecinales) se comprometieron a buscar una solución para estas familias en situación de vulnerabilidad, no ha dejado de funcionar pero ninguna de las partes parece dar el paso para atajar el problema de la luz. «Las cosas no están pensadas para un sitio como la Cañada. Me refiero a los temas legales. Todo lo que parece que puede ser una solución choca con el tema legal. Si el problema viene de las plantaciones de marihuana, parece sencillo que la Policía detenga al responsable y problema resuelto. Pues no: para actuar necesitan autorización judicial y que su señoría decida cómo y cuando. Si se te ocurre que Naturgy puede implantar otro tipo de suministro, tampoco. Dicen que no se puede, que la normativa no permite el suelo rústico. Entonces piensas pues que la Comunidad de Madrid modifique lo necesario en un pleno de la Asamblea. Delegación del Gobierno también dice que está trabajando en el problema pero no sabemos cuándo tendrá un efecto real o en qué se traducirá eso». En definitiva, según la impresión de este cura que está allí a diario solucionando los problemas habituales de la Cañada (aunque ahora este de la luz parece que ha eclipsado al resto), parece que «nadie es competente en el tema». «Deberíamos generar una dinámica de equipo para buscar alternativas pero esto no se está produciendo y la inacción conduce a un deterioro de la convivencia que puede ser muy peligroso. Parece mentira que en Madrid, en pleno siglo XXI siga ocurriendo esto. Estar dos meses sin luz no es de recibo, el dolo aprieta y la relación de confianza entre los vecinos y las instituciones está resquebrajada». Mientras entre todos logran encontrar una solución, los vecinos siguen sin luz.

Desde Naturgy sostienen que “las interrupciones se producen por consumos no localizados que se están registrando en los últimos meses”. “La compañía se compromete a intensificar esfuerzos como ha hecho hasta ahora, dirigidos a intentar reponer el suministro en el menor tiempo posible cada vez que se interrumpa el servicio por el uso ilegal e intensivo que provoca sobrecargas en al red e interrupciones constantes”.