Choque
Este es el motivo por el que Ayuso no piensa aplicar las medidas “de obligado cumplimiento” de Darias contra la Covid
El Gobierno madrileño considera que está en su derecho de ignorarlas porque “el Ministerio de Sanidad no ha puesto plazo para aplicarlas”
El número de casos de Covid-19 en Madrid ha descendido un 21% respecto a la semana pasada y la incidencia acumulada a 14 días es de 150 por cada 100.000 habitantes, similar a la de agosto del año pasado. Se ha bajado de los 300 hospitalizados y uno de cada cuatro madrileños ya está vacunado.
Sin embargo, las medidas para el control de la pandemia a las que obliga el Ministerio de Sanidad sitúan a Madrid en un nivel dos de alerta. Es decir, en una “situación de transmisión comunitaria sostenida generalizada con presión creciente sobre el sistema sanitario”.
Esta situación obliga a Madrid, sin embargo, a aplicar algunas restricciones según lo acordado en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con la oposición de seis autonomías y que fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Estas medidas de contención de la pandemia suponen una marcha atrás para la Comunidad de Madrid. Así, por ejemplo, no podría reabrir el ocio nocturno o debería aplicar aforos del 33 por ciento en centros deportivos y piscinas, además de establecer un límite horario para la hostelería, que no podrá abrir más allá de la 1 ni servir más tarde de las 24 horas.
Madrid considera que está en su derecho de ignorarlas porque “el Ministerio de Sanidad no ha puesto plazo para aplicarlas”. De momento, los servicios jurídicos del Ejecutivo regional ya están estudiando interponer un recurso para tratar de parar esta orden.
“No vamos a permitir que se produzca ese retroceso en la vuelta a la normalidad por algo que está fuera del sentido común y que es absolutamente incongruente”, ha subrayado este fin de semana el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien criticó que el Ministerio de Sanidad ha dejado de lado la opinión de seis Comunidades Autónomas y ha sacado adelante esta normativa “sin consenso”. “Podríamos haberlo entendido con carácter de recomendación pero sigue el criterio de semáforos del mes de septiembre, que ha estado muy alejado de la realidad y que no tiene sentido ahora. Son unas decisiones que están totalmente fuera del sentido común, que son incongruentes”, ha manifestado.
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