Frente judicial de Ayuso contra Sánchez: 11 denuncias en curso

Ya lo había avisado pero, por si aún quedaba alguna duda, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer confirmó que llevará ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Lo redacten como lo redacten, este impuesto ya es directamente atacar a la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que lo que intenta es volver a instalar el pago de un impuesto que nosotros, dentro de nuestra autonomía, hemos retirado», dijo ayer la presidenta regional. Es más, calificó de «broma de mal gusto» el nuevo impuesto. «Solidaridad sería bajarle el precio a la electricidad o el IVA a los productos esenciales y ayudar a las economías y no estar despilfarrando lo que estamos viendo en propaganda (...) Yo prefiero que los grandes patrimonios se queden entre nosotros y ayudar a los más vulnerables, que es donde nos tenemos que centrar ahora», sentenció.

Cuando se formalice el trámite, será el procedimiento número once contra el Estado en el frente judicial que tiene abierto Díaz Ayuso .

Tres procedimientos ante la Audiencia Nacional tienen que ver con órdenes publicadas por el Ministerio de Sanidad durante la pandemia por los cierres de la Comunidad en el puente del mes de octubre de 2021, en la Semana Santa de 2022 y las restricciones a la hostelería.

A todo esto hay que añadir el conflicto de las entregas a cuenta de los Presupuestos de 2019 por el que Madrid reclama los 53 millones de diferencia entre la cantidad prevista y la finalmente abonada. El procedimiento acabó resuelto por la vía extrajudicial después de que se abonaran 425 millones a Madrid. También están en los tribunales los precios públicos universitarios que se fijaron en la Conferencia Sectorial de Universidades y que suponía una bajada de las tasas universitarias. Tampoco Madrid está de acuerdo con el reparto de los fondos Covid que hizo el Gobierno, que se consideró «arbitrario en favor de ciertas comunidades autónomas», por lo que se acudió al Tribunal Supremo, el mismo al que se ha llevado el currículo de Bachillerato también por «extralimitación del Estado» y «vulneración de principios constitucionales y educativos esenciales en la definición del contenido de las materias».

En enero de este año, Ayuso acudió al Supremo para denunciar el reparto de fondos europeos Next Generation para promocionar el empleo a cuatro comunidades autónomas con «criterios sectarios».

Recientemente, el Ejecutivo autonómico ha formalizado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de medidas de ahorro energético aprobado por el Gobierno al considerar que se ha desarrollado de manera «arbitraria y autoritaria». La presidenta autonómica justificó en su día la medida argumentando que «atenta contra comercios y establecimientos públicos en momentos difíciles e invade competencias sin justificación». Además, aseguró que no había «razones de urgencia» que lo justifiquen.