Ayuso o Sánchez: ¿quién invierte más en vivienda?

La vivienda constituye una de las cuestiones que de forma más enérgica han saltado a la mesa del debate electoral del 28-M. La aprobación de la ley nacional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y su promesa en las últimas semanas de construir decenas de miles, ha situado la lupa en las políticas en esta materia no solo del Ejecutivo central, también de los autonómicos. No en vano, son las regiones las que ostentan las competencias. Y por tanto, sus presupuestos incluyen una partida destinada a tal fin. En el caso de la Comunidad de Madrid, ¿cuál es el «músculo» económico de la vivienda en el Gobierno de Díaz Ayuso? Y, sobre todo, ¿puede «competir» con el que exhibe el Ejecutivo de Sánchez? Un análisis de los presupuestos ofrece pistas al respecto.

De acuerdo a las cuentas del Gobierno regional del 2023, prorrogados de las cuentas de 2022 al no haber aprobación de la Asamblea, el «peso» de la vivienda acapara un 1,04% del total de las inversiones. Así, en la distribución de gastos por clasificación funcional de los presupuestos, la partida correspondiente al Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación refleja 271.457.573 euros, dentro de un total presupuestado de 25.999.172.463 euros.

Porcentaje prorrogado

En lo que respecta al Gobierno presidido por PSOE y Unidas Podemos, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 destinan 992 millones en este mismo apartado, lo que supone un 0,2% del total de las cuentas, tal como se recoge en el «libro amarillo» de los PGE. Una proporción que supone cinco veces menos que la dispensada por el Gobierno autonómico. Y eso a pesar de que el Ejecutivo de Sánchez ha incrementado la partida un 5,4% respecto al ejercicio anterior. En todo caso, tanto en 2022 como en 2023, el porcentaje se ha mantenido en ese 0,2%.

Sí que hay que tener en cuenta un factor: ese porcentaje de los PGE destinado a la vivienda se incrementará de manera notable gracias a los 2.480 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, canalizado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno estatal. Esta «vitamina europea» supone dos veces y media la cantidad inicialmente destinada por Pedro Sánchez.

También hay una «vitamina nacional» en el caso del Gobierno autonómico. Dentro de esos más de 270 millones destinados a la vivienda, en torno a 50 proceden del Plan Estatal dedicado a tal fin. En todo caso, si se resta ese dinero procedente del Gobierno central, el porcentaje del presupuesto autonómico para vivienda se queda en un 0,85%, muy por encima del 0,2% del Ejecutivo de Sánchez: cuatro veces más.

Por otro lado, los fondos europeos, cuyo reparto entre las comunidades autónomas dependerá del Gobierno central, supondrá que la cantidad destinada a vivienda en la Comunidad de Madrid alcance los 500 millones de euros este 2023.

Plan Vive

En lo que respecta a Madrid, la partida se reparte en los apartados Vivienda y Rehabilitación –alrededor de 102 millones de euros–, Vivienda Social –casi 152 millones–, Suelo y consorcios urbanísticos –6,8 millones– y Planificación y gestión urbanística –cerca de diez millones–. Mientras, en cuanto al Presupuesto nacional, se distribuye en el Bono Alquiler Joven –200 millones–; la Entidad Pública Empresarial de Suelo –260 millones– para actuaciones del Plan para alquiler asequible impulsando la promoción de casas en suelos de titularidad pública, y subvenciones para ayuntamientos y otros entes locales –32 millones–, entre otros gastos.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que el Plan Vive es su «proyecto estrella» en la materia. Se trata de una fórmula, por otro lado, que no requiere inversión pública, debido a la colaboración público-privada. Así, son las empresas concesionarias las que aportarán 920 millones de euros que irán destinados a construir 6.600 pisos a lo largo de las dos primeras fases.

Según apuntan desde el Gobierno regional, sus políticas en materia de vivienda han ido destinadas a la «atracción y seguridad jurídica» y a la construcción de vivienda protegida. Recuerdan que, entre julio de 2019 y junio de 2022 se han finalizado en nuestro país más de 27.000 casas, tanto de titularidad pública como privada, con la calificación de «protegida». Algo más de la mitad de estas –unas 14.000– se encontraban en la Comunidad de Madrid.

La ley de vivienda ha supuesto el enésimo choque entre los gobiernos nacional y autonómico. Díaz Ayuso ya avanzó que, en la medida que sus competencias se lo permitan, no piensa aplicar una norma que, en su opinión, es un «atropello de la propiedad» con una consecuencia especialmente grave: el «desplome» de la oferta de viviendas en alquiler.