La semana

Las crisis internas elevan el ruido en la izquierda madrileña

Suben las ayudas al alquiler y la natalidad y baja el IBI en la capital

MADRID (ESPAÑA), 24/10/2024.- El portavoz del PSOE, Juan Lobato (i) conversa con la portavoz de Más Madrid, Manuel Bergerot (d) al comienzo del pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este jueves. EFE/ Fernando Villar
Manuela Bergerot (Más Madrid) y Juan Lobato (PSOE)FERNANDO VILLARAgencia EFE

Cheques bebé para fomentar la natalidad y la conciliación, rebajas del IBI para compensar la tasa de la basura de Pedro Sánchez, ayudas al alquiler para jóvenes, nuevos pisos gracias a la reconversión de locales y más vivienda de arrendamiento asequible. Son algunas de las iniciativas puestas en marcha esta semana en Madrid donde el ruido por la corrupción y las crisis en la izquierda han difuminado su repercusión. Ni siquiera la nueva portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha tenido un minuto de protagonismo en su primera intervención en la Asamblea tras la abrupta salida de Rocío Monasterio. El día de su estreno político en la Cámara madrileña, la dimisión de Iñigo Errejón se cruzó en el plano.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, protagonizó otra bronca con Isabel Díaz Ayuso pero la retirada de la política del fundador de su partido la alejó del foco. La formación de la ministra Mónica García afronta una importante crisis tras la salida del que fue diputado en la Cámara de Vallecas.

Con Podemos fuera de la Asamblea desde las pasadas autonómicas y Vox y Más Madrid reorganizados sin las portavoces Monasterio y Mónica García, sólo queda Juan Lobato de entre los cabeza de lista que concurrieron a las elecciones.

El socialista vive recurrentes momentos de tensión con su partido por la intención de Ferraz de moverle la silla. Sus opiniones sobre la amnistía o el posicionamiento con el secretario general de Catilla y León, Luis Tudanca, son sólo algunas de las diferencias. Desde la dirección se mantiene el suspense sobre su supervivencia al frente de los socialistas madrileños. Dirigentes del PSOE ponen el foco en una «floja» oposición de Lobato a Ayuso y no tanto en críticas de éste a medidas de Pedro Sánchez para no escenificar corrimientos de tierra «ni bloques contra el líder».

Alejado del tono de muchos de sus compañeros de partido, el portavoz socialista ejerce la oposición sin estridencias. En el Pleno de la Cámara ha acusado a la presidenta de no reunirse con Pedro Sánchez en Moncloa porque «no se atreve a ir a verlo».

El «No» de Ayuso a Sánchez se produjo tras las acusaciones del PSOE a la pareja de la presidenta en una semana convulsa. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, vaticinaba más noticias sobre el novio de la mandataria después de la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de datos. «Imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará», advirtió antes de la publicación de información fiscal de éste. Días antes, García Ortiz aseguró que «los fiscales manejamos material muy sensible y muchísima información» y «yo, si quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que, por supuesto, no voy a usar jamás, para insinuar, para filtrar, para decir».

La presidenta madrileña zanjó «España ya es un estado policial». Se refería a «un gobierno que ejerce un control excesivo y autoritario sobre la sociedad». Lo afirmó después de conocerse que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, firmó un decreto por el que se cambia el acceso a los puestos de policía judicial. «Esto es que no investigará la corrupción que afecta a su Gobierno, a Sánchez, a Begoña».

El 13 de noviembre, arranca la comisión de investigación que analizará el funcionamiento de los programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y no se prevé la presencia ni del presidente, ni de su mujer, Begoña Gómez. La comisión se quedará sin alfombra roja para el matrimonio presidencial y otros nombres incluidos en la lista.

La semana de máximo voltaje entre Ayuso y Sánchez, la Comunidad de Madrid aprueba una inversión de 21,5 millones de euros para la convocatoria de ayudas de alquiler a la vivienda. Jóvenes, mayores y familias vulnerables podrán beneficiarse de la medida, que se ha ampliado de 29 a 55 municipios.

La vivienda será precisamente una de las cuestiones que Ayuso pondrá sobre la mesa en la Conferencia de Presidentes a la que ha confirmado que asistirá. Su Gobierno aprobó la reconversión de locales comerciales en pisos siempre que los municipios regionales cumplieran una serie de requisitos. El Ayuntamiento de Madrid aplicará la ley de Ayuso y ha anunciado que creará 7.500 nuevos inmuebles.

La Comunidad aprobó medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, buscando liberar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo de oficinas para convertirlos en 20.000 nuevos hogares tras cambiar el uso de terciario a residencial. Las viviendas tienen que destinarse al alquiler y están sujetas a algún tipo de protección, unas condiciones que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha aprovechado para promover más pisos en la ciudad en una semana en la que ha entregado las llaves de 73 nuevos inmuebles de alquiler asequible en La Rosilla. Madrid y adjudicado por sorteo otros 400 entre 43.000 solicitantes.

El Ayuntamiento ha invertido más de 860 millones de euros en los últimos cinco años para la construcción de 4.300 viviendas asequibles, distribuidas en 54 promociones.

El alcalde ha presentado también esta semana su paquete de medidas para favorecer la natalidad y la conciliación en la ciudad. Un cheque bebé de 500 euros por el primer hijo y ayudas ascendentes para los siguientes, son las principales iniciativas del proyecto que cuenta con un presupuesto de 675 millones de euros y que tendrá que recibir el visto bueno de la Junta de Gobierno antes del comienzo de 2025, cuando entrará en vigor el tasazo de las basuras de Pedro Sánchez. Madrid está «obligada» a recaudar 256 millones por la aplicación de la medida del Gobierno, una cantidad que se verá recompensada por la bajada del IBI unos 220 millones.

La cifra se acerca mucho a la tasa de basuras impuesta por el Gobierno: 256 millones de euros en Madrid capital, según estimaciones del Consistorio. «Ahora mismo, Madrid es la tercera ciudad en la que menos IBI se cobra a sus ciudadanos, sólo por detrás de Zaragoza y Santander, y menos que otras capitales como Barcelona, Sevilla o Bilbao», recordó el alcalde. Almeida lamentó el «sablazo fiscal» para el año que viene. El «sanchazo», dijo, será minimizado.