La exconcejal de Vox imputada por tráfico de drogas niega el blanqueo ante el juez

La exconcejal de Vox en Parla investigada por narcotráfico, tras ser detenida en mayo del año pasado en la "operación Piojo", ha negado hoy ante el juez las imputaciones de blanqueo que se le imputan por el goteo de ingresos en una de sus cuentas bancarias, de entre 2.000 y 4.000 euros, que la Policía identifica con una operativa de blanqueo propia del tráfico de drogas.

Ana González -en libertad bajo fianza desde el pasado 13 de junio por decisión de la Audiencia Provincial de Toledo- ha asegurado al titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Illescas, según fuentes jurídicas, que el origen de ese dinero es lícito, pues se corresponde con préstamos personales que ha ido devolviendo en cuotas mensuales. El magistrado a cargo de la investigación, Raúl Calderón, le ha dado cinco días de plazo para que acredite documentalmente la existencia de esos préstamos y sus condiciones, antes de decidir si llama a declarar sobre este extremo a su marido, Luis Martínez, militar en excedencia, también imputado por este procedimiento y todavía en prisión preventiva.

La investigada, que según las fuentes consultadas se ha mostrado "muy tranquila", ha sido interrogada también en relación a diversas transferencias entre empresas de las que es administradora. Ella ha explicado que esos pagos se deben a que esas sociedades de las que es administradora "se prestaban servicios de una a otra". Y es que, según recuerdan esas mismas fuentes, si se acredita la realidad de los servicios prestados "la facturación entre una y otra empresa entra dentro de la legalidad".

Un informe de la Udyco, la unidad contra el tráfico de drogas y el crimen organizado de la Policía Nacional, detectó en las cuentas de la exedil y su marido el ingreso de pequeñas cantidades en efectivo, una operativa que la Policía reconoce como una "práctica habitual del mundo del tráfico de drogas" con el objetivo de "insertar el dinero dentro del ámbito legal".

Desde que abandonó la prisión tras depositar 12.000 euros de fianza, González (que tras lo sucedido renunció a presentarse como candidata a las elecciones del 28M, como le exigió el cabeza de lista de Vox por Parla) debe comparecer semanalmente en el juzgado y tiene prohibido salir de España (además, se le retiró el pasaporte).

Según consta en la resolución en la que el juez acordó su ingreso en prisión el pasado 13 de mayo, la concejal adquiría la droga junto a su marido y ambos la preparaban para su venta en cantidades "de notoria importancia", llevando a cabo las correspondientes vigilancias y mediante el uso de armas. La investigación constató que González es administradora de tres empresas que supuestamente utilizó para blanquear los ingresos por la venta de droga y defraudar a Hacienda.

Los indicios contra la exedil

A la entonces concejal parleña y a su marido los agentes les intervinieron en su domicilio 753 gramos de cocaína con una pureza del 75%, con un valor en el mercado de más de 65.000 euros. En la vivienda que compartían también se incautaron de una máquina de contar dinero, bolsas de plástico preparadas para la venta con gramos de cocaína en su interior, una prensa para envasar con restos de droga, cuatro básculas y plastificadoras, además de dos armas cortas con munición, 4.200 euros en efectivo y dos acometidas de luz, una de ellas subterránea conectada a la red de fluido eléctrico.

El instructor le imputa delitos de tráfico y venta de estupefacientes, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo y fraude fiscal.

En el auto de prisión, el juez dejó constancia de la existencia de "indicios racionales de criminalidad" contra González, cuya versión de los hechos calificó como escasamente convincente. El instructor justificó la medida de prisión incondicional en la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se le imputan y en el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

Según la investigación (que se ha plasmado en vigilancias policiales, registros domiciliarios, análisis de conversaciones de WhatsApp en los teléfonos intervenidos), el domicilio de la exconcejal y su marido en el municipio toledano de Yeles era "el centro base" donde se almacenaba y escondía la cocaína que luego se preparaba para su venta a los clientes previo encargo.

El juez vuelve a rechazar dejar en libertad a su marido

El instructor rechazó por tercera vez el pasado lunes, con el apoyo de la Fiscalía, acordar la libertad del marido de la exedil de Vox, una medida que había solicitado su defensa insistiendo en que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

El magistrado ratificó la medida de prisión porque considera que en estos nueve meses de "exhaustiva" investigación se han reforzado los indicios sobre la "participación directa y material" de Luis Martínez en los delitos que se le imputan. Y alude expresamente al análisis de las sustancias intervenidas, al análisis de la documentación bancaria solicitada y al informe sobre su patrimonio. Todo ello le lleva a la conclusión de que "tiene como principal actividad delictiva" el tráfico de drogas "de manera continuada en el tiempo y estando siempre en condiciones de distribuir la sustancia previo encargo de sus clientes.

El juez Calderón desestimó su libertad para evitar el riesgo de fuga "en esta fase última de la instrucción" y que el imputado pueda destruir alguna prueba "relevante para el proceso".