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Mudanza

El mercado inmobiliario "desaloja" a la Generalitat de Cataluña de su sede en Madrid

La propiedad ha cerrado la venta de todo el edificio que alberga la delegación catalana en la capital, algo que les obliga a irse al barrio de Tetuán

Orense 62, nueva sede de la delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid Google Maps

Una cuestión marcada por la oferta y la demanda. La delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid se prepara para trasladar su sede, actualmente instalada en la céntrica calle Alcalá, y mudarse en el mes de noviembre a un espacio ubicado en el barrio de Tetuán.

Y es que el contrato de alquiler finalizaba a finales de este año, pero el propietario del inmueble –el grupo asegurador Zurich– está finiquitando todos los que tenía en el edificio porque ha vendido el inmueble al completo al grupo inversor Besant Capital para la construcción, según apuntan, de un hotel de lujo.

Según ha explicado la delegada del Gobierno, Núria Marín, en diciembre caducaba el contrato de las oficinas actuales, de manera que había que buscar una alternativa que acogiera también las actividades que se desarrollan en el Centro Cultural y en la librería Blanquerna.

«Queremos que el cambio, en lugar de ser un problema, sea una gran oportunidad para fortalecer los vínculos culturales, políticos y económicos», ha destacado antes de adelantar que su objetivo es poner en marcha un concurso público para comprar un «edificio definitivo» durante el año 2025.

Aunque el cambio de sede se hace por la decisión de los propietarios del edificio de no renovar los contratos y convertir el espacio en un espacio de lujo, el objetivo de Marín es que el movimiento sirva para abrir «una nueva etapa» de la delegación del Gobierno en Madrid.

La nueva sede, situada en la calle Orense número 62, se ha encontrado después de meses buscando un lugar con suficiente espacio para acoger tanto la librería Blanquerna, como las aulas de catalán y las oficinas de la Generalitat.

El nuevo espacio, que tendrá tres plantas ocupadas íntegramente por el Gobierno catalán, permitirá mantener la actividad institucional desplegada por el ejecutivo de Salvador Illa.