Madrid ha hecho sus cuentas y ahora exige al Ejecutivo central lo que le debe. La cifra no es menor. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha dado la cantidad: la friolera de 10.500 millones de euros. Esta suma «no es una deuda con el Gobierno autonómico, sino con los madrileños, porque es dinero que no llega a los servicios públicos», quiso dejar claro en un encuentro con los medios de comunicación. Para hacerse una idea, la deuda equivale al 36 % del presupuesto anual de la Comunidad de Madrid en 2025, prácticamente lo mismo que todo el gasto sanitario autonómico de este año.

Según explicó Albert, se trata de una cantidad adeudada desde 2019 por incumplimientos de compromisos del Ejecutivo central con la Comunidad o por partidas aún en ejecución. Lo alarmante, añadió, es que afecta a áreas esenciales como la dependencia, las infraestructuras hidráulicas o el transporte público. «El Estado se comprometió a financiar el 50 % del sistema de dependencia y no lo ha hecho. Solo por este concepto nos deben 2.350 millones de euros, lo que equivale a un millón de euros diarios que deberían destinarse a los madrileños más vulnerables», denunció la consejera.

A esa partida habría que sumar 1.580 millones en inversiones comprometidas en materia hidráulica, de los cuales 1.200 millones corresponden a la construcción y modernización de depuradoras. Son proyectos cuya ejecución «resulta imprescindible para cumplir con las normas europeas en materia de saneamiento y medio ambiente», detalló Albert. Entre ellos figuran las obras de las estaciones regeneradoras de aguas residuales de La China, Butarque y Sur, infraestructuras clave para el sistema de depuración de la cuenca del Tajo y esenciales para poder cumplir con la normativa comunitaria.

El Gobierno regional sostiene que la falta de transferencias afecta también al transporte público, en concreto al Consorcio Regional de Transportes, encargado de coordinar la red de metro, autobuses y trenes de cercanías. Por este concepto debía recibir 268 millones de euros comprometidos por el Estado. «Esa cantidad forma parte de la llamada agenda retributiva entre Estado y Comunidad, que a día de hoy no se ha abonado, pese a que el ejercicio presupuestario está a punto de cerrarse», explicó la consejera.

Además, la Comunidad reclama 27 millones por la asistencia sanitaria prestada en centros penitenciarios y seis millones más por partidas menores, además de «varias inversiones comprometidas que no se han ejecutado». La lista de morosidad incluye más conceptos, como los 44 millones que, según la consejera, corresponderían a la Comunidad para poder aplicar la Ley de Eficiencia de la Justicia.

Según Albert, incluso algunos ministerios han reconocido la existencia de estas deudas, pero la falta de pago ha llevado al Ejecutivo autonómico a acudir a la vía judicial. «Ante la negativa del Estado, hemos tenido que embargar determinadas cantidades para poder recuperarlas», señaló.

La consejera insistió en que la cuestión «va más allá de un enfrentamiento político» porque tiene consecuencias directas sobre los ciudadanos. «Cada euro que no llega de los fondos estatales se traduce en menos recursos para sanidad, educación o transporte. Madrid está asumiendo con sus propios fondos obligaciones que corresponden al Gobierno central», lamentó.

En los últimos años, la Comunidad ha pedido sin éxito una revisión del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta la aportación fiscal madrileña y el crecimiento demográfico de la región. Pretende que se tengan en cuenta las diferencias entre comunidades autónomas, pero a la vez se eviten desequilibrios como los actuales, ya que Madrid es la comunidad que más aporta a la caja común y, al mismo tiempo, la que menos recursos recibe por habitante.

Además, Albert expresó su malestar por el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya presentado el proyecto Presupuestos Generales del Estado, lo que considera «una obligación». Por este motivo las autonomías «no tenemos techo de gasto ni objetivo de déficit. Vamos a ciegas».

De camino hacia el pleno empleo

Madrid quiere el pleno empleo. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, está segura de que acabará la legislatura cumpliendo con ese propósito entendido como una tasa de paro del 5 o 6 %. Mientras, cree que se va por buen camino. Entre otras porque Madrid se sitúa «por encima del 17 % de la media europea de empleo» y el paro registrado se sitúa en 278.000 personas, la cifra más baja desde 2007, un dato que Albert atribuye a la estabilidad empresarial y a la política fiscal de la región. «Madrid sigue generando más del 20 % del empleo total que se crea en España», asegura.