La vivienda, de baza electoral, a los Tribunales a las puertas de las generales

La vivienda ha marcado la eterna campaña electoral que termina hoy y que empezó antes de mayo con los prolegómenos hacia las autonómicas y municipales. Cuatro meses intensos entre las dos citas en los que los inmuebles han jugado un papel importante. El acuerdo para desbloquear la ley que regula el mercado arrancó el sprint al 28-M y a pocas horas para la cita del 23-J, Ayuso anuncia que la lleva a los Tribunales. Es el remate de unos meses en los que los pisos se han utilizado como nunca en la refriega política.

La ley de vivienda apenas ha incrementado el parque público y no ha abaratado el precio de compra o alquiler. La norma del Gobierno de Pedro Sánchez para congelar las subidas está provocando el viraje de los propietarios hacia otros modelos de contratación y la retirada de pisos del mercado, lo que contribuye al aumento de precios, según expertos del sector. La Comunidad de Madrid recurrirá al Tribunal Constitucional varios preceptos de la ley estatal al entender que invade sus competencias y que es “inconstitucional” en algunos preceptos. Ya lo avanzó la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la campaña del 28-M, mostrando su rechazo a los topes al alquiler precisamente por el efecto contrario que pudiera provocar. El Ejecutivo de coalición dejó en manos de las comunidades la aplicación de medidas que la popular entiende como una invasión en una norma fruto de un pacto "sectario" con ERC y Bildu, los socios que apoyaron el texto.

El Gobierno anunció su pretensión de que en 20 años, el 20 por ciento del parque sea público, una cifra extraordinaria que se aleja de las calificaciones que, por ejemplo, se alcanzaron en los tiempos de la burbuja inmobiliaria. Pedro Sánchez prometió movilizar 50.000 pisos de la Sareb, una aspiración inflada si se tiene en cuenta que el “banco malo” no dispone de semejante cantidad, según deslizó la vicepresidenta Nadia Calviño a las pocas horas del titular del presidente. Además, la ley deja en manos de las administraciones locales y autonómicas parte de las promesas de Sánchez en la tómbola en la que convirtió la pasada campaña. Una de ellas, la calificación de zona tensionada con la que se comprometió a congelar subidas en los alquileres, pero no sólo ésta. La Comunidad de Madrid sostiene que la norma es inconstitucional en 11 apartados de 8 artículos y en una disposición final. Los populares han criticado la viabilidad de ésta, sobre todo, teniendo en cuenta que se aplicará en los territorios que tienen autonomía para decidir sobre sus propias políticas. De hecho, desde el 28-M, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han acelerado la puesta en marcha de sus programas, llegando a la nueva cita con las urnas con el arranque de sus primeras iniciativas.

El Ejecutivo de Ayuso ha impulsado un plan de alquileres asequibles que, pese a su ralentización, ya adjudicó 6.500 viviendas y que continuará en esta legislatura. De momento, el gobierno regional ha colado en el debate nacional la inversión de 22,7 millones de euros para la construcción de 180 inmuebles públicos de alquiler sostenible en Majadahonda. Éstos tendrán una renta mensual de entre 300 y 350 euros. Por su parte, el Ayuntamiento promoverá otros 2.000 pisos en precios asequibles después de sacar al mercado viviendas vacías con un precio un 10 por ciento inferior al de su valor de mercado. El nuevo régimen de alquiler diseñado por el equipo de José Luis Martínez Almeida es la demostración de su rechazo a lo que entiende es puro intervencionismo del Gobierno a través de la ley que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también rechaza. Así lo ha dicho durante la contienda nacional. El líder del PP ha denunciado que la ley de Sánchez y sus socios es lo contrario de lo que se necesita para abaratar los precios y aumentar la oferta. “Hoy es más caro, más difícil y consume más renta conseguir una vivienda de alquiler o compra de lo que lo era cuando Sánchez llegó al Gobierno”, dijo tras anunciar la derogación de la norma si mañana gana las elecciones.

En la misma línea, el Consistorio seguirá apostando por medidas para responder a un problema que se recrudece en las grandes ciudades. Almeida incrementará las acciones del Plan Reviva para para sacar pisos sin habitar con alquileres más baratos. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) es el “casero” de estos inmuebles que se encuentran vacíos más de nueve meses y garantiza a los propietarios una renta durante el tiempo que los cedan en usufructo al Ayuntamiento. La empresa municipal carga con los gastos y el propietario cobra la renta. Además, asume las obras de reforma, si fueran necesarias, (hasta 45.000 euros) que el propietario paga sin intereses, descontándolo del recibo de la renta mensual.

La aprobación esta semana de las normas urbanísticas permitirá, además, una regulación del mercado acorde con la situación actual. La mayoría absoluta del PP ha facilitado el visto bueno de las medidas que el alcalde ha anunciado también a las puertas de la cita con las urnas, tras 25 años sin actualizar. El trámite empuja las políticas aplicadas desde Cibeles, entre ellas, el veto a la construcción de nuevos inmuebles con menos de 40 metros cuadrados y la regulación de viviendas colectivas con un aumento de los espacios, ya sean de estancia u ocio.