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La caída de los recursos asfixia la atención a la dependencia

Tras 12 años de desarrollo de la Ley, el recorte acumulado escala por encima de los 5.000 millones de euros

  • La caída de los recursos asfixia la atención a la dependencia
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    La Razón

Madrid.

Tiempo de lectura 5 min.

12 de septiembre de 2019. 10:04h

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Pedro González.  Madrid. 12/9/2019

El 3% de la población española necesita apoyos para desarrollar sus quehaceres diarios. No obstante, más de 250.000 personas dependientes no reciben ninguna prestación o servicio del sistema de atención. Y, para más inri, este problema no parece constar en la agenda política.

Al menos, según José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y director del Observatorio Estatal para la Dependencia, quien exige a todo el arco parlamentario amplitud de miras y sentido de Estado.

“Cumplir la Ley e impulsar la protección social en esta materia debe ser objeto de pacto y no sólo de oportuna oferta electoral”. Y Ramírez denuncia que actualmente hay un estancamiento y paralización del Sistema de Atención a la Dependencia como consecuencia de la falta de Gobierno y de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por su parte, Javier Sigüenza, secretario general de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), asevera que la puesta en marcha de la Ley de Dependencia tiene en la actualidad el grave problema de la falta de concienciación política sobre las necesidades económicas que la Ley requiere. “Existe un déficit importante en la dotación económica necesaria para la prestación de los servicios contemplados en la Ley, aspecto este en el que coincidimos todos los agentes sociales. Muchas administraciones siguen confundiendo el concepto “financiación” -dinero recibido de otras instituciones públicas- con el concepto “coste real del servicio” -el importe realmente necesario para poder prestar un servicio adecuado-“, agrega.

El sistema de financiación es el principal problema para el desarrollo de la Ley. Y el director del Observatorio Estatal para la Dependencia lamenta que, tras 12 años de desarrollo, el recorte acumulado escale ya por encima de los 5.000 millones de euros.

La caída de los recursos asfixia la atención a la dependencia

Para ser más exactos, detalla que en el periodo comprendido entre julio de 2012 y diciembre de 2018, la financiación de las comunidades acumula una caída de 3.154 millones de euros. Por otra parte, denuncia las desigualdades que persisten entre territorios tanto en lo referido a la cobertura como a los modelos de gestión. De ahí que advierta sobre la probabilidad de que haya algunas autonomías que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones o una inyección financiera específica.

Ahora bien, ¿cómo se financia esta Ley? Ramírez recuerda que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2018 ascendió hasta los 8.252 millones de euros, de los cuales las administraciones públicas aportaron 6.922 millones. Los 1.330 millones restantes los pusieron los usuarios en forma de copago regulado. En este sentido, la Administración General del Estado soportó el 20% del gasto público directo en dependencia y las comunidades autónomas, el 80% restante. Es decir, un porcentaje muy alejado del pretendido 50%.

Aunque el desplome de los recursos no fuera la causa directa, 30.400 personas fallecieron el año pasado en España sin posibilidad de ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia; de manera que cada día en España mueren 80 personas dependientes sin recibir la prestación a la que tienen derecho.

De ahí que María Ángeles García Antón, coordinadora del Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) para el Estudio y Seguimiento de la Ley de Dependencia proponga un único baremo de valoración a nivel nacional, reducir el tiempo para acceder a la prestación o los recursos establecidos e implementar, ante la demora, procedimientos de asignación extraordinarios para circunstancias especiales, grave problemática social, personas dependientes con cuidados paliativos...

García Antón piensa que uno de los principales desafíos pasa por desarrollar una política homogénea y un órgano superior que corrija errores y oriente a las Comunidades Autónomas para poder garantizar una igualdad en la atención y un proceso similar y equitativo en todas ellas.

Y es que, en su opinión, la Ley de Dependencia puede ofrecer una atención más digna y de mayor calidad a las personas dependientes, siempre que tenga flexibilidad para cambiar aspectos mejorables.

Aun así, Ramírez destaca la sorprendente capacidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a la hora de generar empleo y obtener retornos; alegando que en 2018 hubo una ratio de 38 empleos directos por millón de euros de gasto público, y que la tasa de retorno ya asciende al 40%. De esta forma, “con una inversión equivalente a la dispuesta en el último proyecto de PGE (415 millones de euros) aplicada íntegramente al nivel mínimo de financiación se atendería a 68.000 dependientes más y se crearían ex-novo 16.000 puestos de trabajo”, remarca.

Creación de empleo

Los expertos coinciden en que este sector es -desde el punto de vista de la generación de empleo- potencialmente uno de los más interesantes de entre todos los del área de servicios. Y lo avalan los datos, ya que el año pasado había más de 247.000 empleos directos asociados a las atenciones de la Ley de Dependencia en España.

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales especifica que este sector está generando 38 empleos directos, estables y no deslocalizables por cada millón de euros de gasto público; 11 más de los que se creaban en 2011 por esa misma cantidad.

De forma paralela, Ramírez estima que el año pasado por cada 100 euros de gasto público en Dependencia se recuperaron directamente unos 40 euros. Así, el dinero recuperado en 2018 ascendió hasta los 2.622 millones de euros sobre un total de gasto público de 6.550 millones.

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