Semillas privadas: un negocio controlado por cuatro empresas

Julia Quintana (presidente de la Asociación de Mujeres Rurales de Burgos) lleva trabajando en el campo y viendo lo que sucede con el cereal desde siempre. Su padre decidió apostar por la primera seleccionadora de grano de su pueblo y ahora es ella quien se dedica a estas labores y al cuidado de una explotación de 200 hectáreas en la que combina en rotación diferentes cultivos: cebada, trigo, girasol, mientras una parte la reserva en barbecho para cobrar la PAC y las ayudas de los ecorregímenes. «Compro semillas certificadas R1 y R2 que vienen con sus estudios y garantías de germinación. Usarlas significa pagar un royalty anual, cosa con la que muchos no están de acuerdo, porque supone otro gasto. Cada año aparecen variedades nuevas, adaptadas al clima o más productivas, pero no todas funcionan igual», cuenta.

La agricultora no necesita semilla nueva todos los años porque guarda algo de simiente de uno a otro, algo que la ley permite, pero cada tres años máximo tiene que renovar para «no tener problemas o perder productividad». Lo cierto es que la legislación europea obliga al control de semillas que se venden: tienen que ser certificadas. Según datos oficiales, en España el uso de semilla certificada ha crecido en 10 años del 12% al 38,7% (Alemania o Francia superan el 50%). Un agricultor no está obligado a usarlas, pero si apuesta por ellas está sujeto a una serie de obligaciones como no vender la simiente a otro agricultor. Solo puede guardar una parte para su propio semillero y poder reutilizarla mientras no le dé problemas. «Las semillas y plantas están reguladas en Europa por varias directivas. Sobre todo después de la posguerra, se entendió que eran un sector clave y que había que asegurar su calidad, parámetros de sanidad, que tienen un mínimo de germinación... Por eso se estableció el sistema de certificación; es la administración la que se encarga de ello», explica Antonio Villarroel, director de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove), quien detalla además que en Europa no existe como tal un sistema de patentes de semillas convencionales (solo se podrían patentar aquellas variedades modificadas genéticamente), pero algunas sí están protegidas por algo parecido a la propiedad intelectual. «Son variedades nuevas de obtentores vegetales que llevan mucho tiempo de desarrollo, hasta 10 años. Esta especie de propiedad intelectual le garantiza unos 25 años de protección a la empresa», cuenta. Desarrollar una nueva variedad vegetal supone entre 1 y 1,5 millones de euros y viene con garantías de germinación, de no contener virus o enfermedades y lo que se paga por ellas se reinvierte en investigación de nuevas variedades. La semilla guardada tiene «riesgo de perder hasta un 20% de productividad», continúa el técnico.

Semillas de uso libre

Desde su tierra, Julia duda: «Hemos querido proteger todo tanto que no sé ya qué es bueno. Vamos mejorando las semillas para adaptarlas al cambio climático, etc., pero no son duraderas. Antes había semillas que estaban años sin agorgojarse. Las variedades de ahora no aguantan tanto como las antiguas. Sigo creyendo que el mejor laboratorio es el del agricultor, porque conoce la tierra y su terreno». Según datos de la ONG «No patents on seeds» solo hasta 2018 se contabilizaban unas 3.500 patentes en plantas en Europa. Las empresas que lideran el mercado global de semillas son Bayer- Monsanto, Dow DuPont, Syngenta y BASF. «Se estima que en 2020 cuatro empresas controlaban aproximadamente el 51% de las ventas de simiente. Un estudio de 2019 encontró solo tres de unas 700 variedades con más de una patente por características específicas; a finales de 2021, eran ya 108 de un total de 881 variedades patentadas. «Es cierto que todavía alrededor del 80% de las semillas que se usan a nivel global están controladas por agricultores, es decir, no provienen de empresas, pero se aprecia un énfasis en implantar variedades mejoradas», explica Raquel Ajates, investigadora de la UNED. Hace tres años Ajates ganó el Premio «Daniel Carasso Fellowship» por su proyecto sobre el reto de la digitalización del material genético de semillas y la aplicación del modelo de código abierto para frenar su privatización. Además, recuerda que «las normativas de certificación, comercialización y normas sanitarias se han desarrollado para grandes empresas, pero se aplican también a pequeños productores de semillas y agricultores. Esto complica muchas prácticas de conservación e intercambio de simiente que se han llevado a cabo durante toda milenios. Para poder acceder a pagos de la PAC, un productor tiene que demostrar la compra de la semilla».

De forma paralela, existen proyectos de conservación de variedades antiguas que hoy ya casi no se comercializan. El 75% de las variedades de cultivos desaparecieron entre 1900 y 2000, dice la ONU, que, además, recientemente planteaba la necesidad de aumentar la variedad de semillas de la cesta de la compra. Elena Rodríguez Pérez es ingeniera agrónoma. Hace diez años ideó un negocio, «el Huerto Los Tulipanes», basado en el cultivo de hortalizas antiguas y en la venta directa en la provincia de Burgos. Ha recuperado 20 tipos de tomates, pimientos, berenjena blanca, etc. Lo ha hecho buscando en las casas de los vecinos de la zona y entre conocidos. «Mi negocio es de 2.000 m² y se basa en la venta directa. «Para alguien con una gran extensión sería más difícil apostar por estas semillas, pero es importante que haya simiente de libre uso porque son las de la zona, están adaptadas, garantizan la biodiversidad y son parte del patrimonio cultural. Si no tienes un circuito independiente tienes que plantar lo que te dicen las empresas», dice.

En el Centro de Transferencia e Innovación en el Sector Agroalimentario Intia de Navarra trabajan desde hace unos años en un proyecto europeo, Life Nadapta, en el que han recuperado 92 variedades antiguas y locales. «Al principio hubo que buscar semillas entre particulares, luego empezamos a cultivar para reproducirlas y las llevamos a un banco de germoplasma que garantiza su custodia. Ahí las mantienen y, cuando ven que pueden perder viabilidad, las vuelven a reproducir para no perderlas», dice Salomón Sádaba, técnico de INTIA. Y es que, de media, una semilla tiene capacidad de germinar (depende de condiciones de humedad) durante 5-25 años (algunas leguminosas pueden conservarse hasta 200). «Conservar es importante porque estas variedades están más adaptadas a la zona y al clima que una de Holanda o EE UU. En estas condiciones cambiantes no sabemos si lo que mantenemos puede ser más interesante de plantar», matiza el investigador. «Uno de los cambios recientes para promover la diversidad cultivada ha sido –recuerda Ajates–, la introducción de un Reglamento sobre producción ecológica y etiquetado que ha abierto la posibilidad para todos los operadores de ventas de semillas, de comercializar semillas de material orgánico (ecológico) heterogéneo (MOH) para uso en agricultura o jardinería doméstica. MOH se refiere a poblaciones cuyas semillas muestran diversidad de rasgos botánicos», concluye.