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Cuando la República y el PSOE defendían el castellano

En septiembre de 1931, Miguel de Unamuno hizo una fuerte defensa del idioma ante los ataques nacionalistas: “Toda persecución a una lengua es un acto impío e impatriota”, dijo en las Cortes. El Estado debía garantizar el habla. Cúanto han cambiado las cosas

Los nacionalistas quieren construir el “hecho diferencial” a través de la imposición de su lengua particular, colocando al español al nivel de un idioma extranjero. El motivo es que el bilingüismo libre, espontáneo, demostraría que esa comunidad homogénea de destino en lo universal es una construcción imaginaria, no un hecho. Es así como los nacionalistas han convertido la lengua en el motor independentista.

El catalanismo fue un movimiento romántico tardío que asumió el esencialismo nacionalista de finales del XVIII y comienzos del XIX. Entre otras cosas, también las ideas del filósofo alemán Herder, que señaló que la lengua es la portadora de una cultura propia, de una historia, incluso del carácter psicológico de un pueblo. Una lengua particular y exclusiva era la prueba indiscutible de la existencia de una nación. De esta manera, nacionalismo y lengua única se dieron la mano, por lo que la imposición del idioma propio y la expulsión del español se convirtió en la prioridad.

El proceso fue largo. A finales del siglo XIX surgió el movimiento cultural llamado Renaixença (Renacimiento), de raíz burguesa, que intentó inculcar en los catalanes a finales del XIX la existencia de una lengua asociada a una cultura, una historia y una mentalidad propias que estaban en peligro de extinción. Cataluña era una nación, una identidad diferenciada que debía preservarse de la contaminación exterior. No solo fue el catalanismo. Sabino Arana escribió "El euskera se muere" con la invasión española, y con su muerte también la pureza de la raza vasca. Prat de la Riba, quien dijo que "la religión catalanista tiene por Dios a la Patria", aseguraba que el idioma catalán era el vínculo histórico de su nación, y que no se debía tolerar que el castellano sustituyera la lengua propia. La lucha política, por tanto, pasaba por desterrar el español.

A comienzos del siglo XX este movimiento cultural se convirtió en partidos políticos para llevar a las instituciones la defensa de los intereses nacionales propios. Era una acción reactiva contra "lo extranjerizante", lo no catalán o no vasco, desde las personas al idioma, la educación, las empresas o la cultura. Tenían la misión de patrocinar lo propio, lo nacional, para que no se perdiera. Una vez llegaron a las instituciones utilizaron la administración para extender ese sentimiento identitario y separatista. La consecuencia lógica de aquel nacionalismo, como el de todos, era tener un Estado propio para velar por sus intereses particulares sin interferencias ni injerencias. De ahí el separatismo que se hizo carne durante la Segunda República.

Pero la Constitución de 1931 dejó claro que el castellano era el "idioma oficial de la República", e incluso añadió algo que ha llegado al actual texto constitucional: "Todo español tiene obligación de saberlo y derecho a usarlo", sin perjuicio de las "lenguas de las provincias o regiones". Ese artículo 4 de la Constitución republicana no figuraba en el anteproyecto de ley de julio de 1931. Sin embargo, por aquellos días el Gobierno de la Generalitat, a cuyo mando estaba el independentista Macià, aprobó un proyecto de Estatuto que establecía la oficialidad de la lengua catalana en Cataluña y el uso del español solo en sus relaciones con el Gobierno central. Al conocer este texto, la comisión constitucional introdujo el citado artículo para preservar el español en toda España.

El debate sobre la oficialidad del castellano tuvo lugar los días 17 y 18 de septiembre de 1931, con su corolario el 25. Unamuno dijo entonces: "Estamos indudablemente en el corazón de la unidad nacional". Las discusiones en las Cortes se centraron en tres temas: garantizar el conocimiento y uso del español en todo el territorio, el término "lengua española" y no "lengua castellana", y, en tercer lugar, impedir la imposición de una lengua regional. El derecho al conocimiento y uso del español se estableció en el artículo 50, con la obligación de que fuera "instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas".

El Estado, además, ejercería la "suprema inspección" sobre el cumplimiento de dicha norma. Dos diputados republicanos radicales, del partido de Lerroux, quisieron añadir el adjetivo "común" para fortalecer la unidad basada en la lengua y "justificar la primacía oficial y espiritual del castellano".

Andrés Ovejero, diputado del PSOE, defendió que había que usar el concepto de "lengua española", no "castellana", porque representaba menos la "unidad espiritual" del país y el hermanamiento con los hispanohablantes de todo el mundo. Zulueta, diputado republicano, preguntó si la enseñanza del español en Cataluña iba a ser una asignatura como el francés, el inglés o "acaso un idioma muerto", como el latín.Unamuno defendió en las Cortes una enmienda para que la Constitución reconociera al español como "idioma oficial de la República". Todo español tenía el "deber de saberlo y el derecho de hablarlo".

Además, en cada región se podría declarar cooficial "la lengua de la mayoría de sus habitantes", y, lo más importante: "A nadie se podrá imponer el uso de ninguna lengua regional". Esto quería decir, explicó, que a un vasco, un gallego o a un catalán no se le podía obligar a hablar en la lengua local. Esa era la clave de la unidad nacional, dijo. No había que caer en artificios. El vascuence era un "conglomerado de dialectos" con los que no se entendía nadie. Ni "mis cuatro abuelos" vascos, dijo. Por eso el nacionalismo de "señorito resentido" estaba construyendo una "lengua artificial" para ser distintos y crear un "hecho diferencial".

"Toda persecución a una lengua –añadía Unamuno– es un acto impío e impatriota". Esto suponía que el Estado iba a garantizar en Cataluña la enseñanza en español por patriotismo y en defensa de los derechos de todos sus habitantes. Permitir lo contrario era un "suicidio cultural", y el derecho al suicidio no existía; es decir, el Estado tenía el deber de impedirlo. El idioma castellano ya se hizo. Sin embargo, el español estaba en constante construcción con la aportación de esas otras lenguas "que hoy tan tristemente, tan pobremente nos diferencian". El conocimiento del español era libertad, mientras que condenar a saber solo la lengua regional era "esclavitud cultural".

Los socialistas tampoco rechazaron la idea de España, y menos el idioma español. El vasco Indalecio Prieto dijo en mayo de 1935 que a medida que "la vida pasa por mí, aunque internacionalista, me siento cada vez más profundamente español". Y concluyó, por si había dudas: "Siento a España dentro de mi corazón y la llevo hasta en el tuétano mismo de mis huesos". Antonio Machado, próximo al comunismo en los tiempos previos a 1936, avisó: "El sentido de la patria no es un mito". Azaña también advirtió: "Os permito, tolero, admito que no os importe la República, pero no que no es importe España". Incluso Vicente Uribe, ministro del PCE, afirmó en plena guerra: "Los comunistas somos los más decididos enemigos de toda tendencia separatista".

¿Qué izquierda y qué intelectuales propiciaron el independentismo en Cataluña en la década de 1930? Los estalinistas. Luis Araquistáin escribió que favorecer la independencia catalana “no nos duele” porque servía para “acelerar el proceso revolucionario en España”. Prefería “unas cuantas naciones peninsulares” que pudieran reunirse en una “República de trabajadores de una sola clase”; vamos, una República socialista. Parece que esta es la tendencia izquierdista que hoy se ha impuesto.

El idioma como un arma y no como instrumento

Ramón Menéndez Pidal publicó en «El Sol» el 26 de julio de 1931 un artículo titulado «Federarnos es algo parecido a divorciarnos». El filólogo afirmaba que las «jóvenes generaciones regionales», los nacionalistas, consideraban «el idioma como un arma y no como instrumento». Se sorprendía mucho porque, decía, con la República ya no había «opresión lingüística» y los nacionalistas podían expresarse libremente. La federación era una «forma feliz» si se concebía para unir lo disgregado, no para separar lo «unido por cuatro siglos y medio de historia». La obsesión de los nacionalistas era aumentar «el hecho diferencial» con la lengua, escribió, violando la naturalidad del bilingüismo. Este artículo provocó la respuesta del nacionalista Rovira i Virgili en el diario «La Publicitat» diciendo que había una frontera tajante entre los dos idiomas. El filólogo contestó que esa respuesta era producto del «resentimiento» y la «incomprensión», y resultada de un «infantil descomedimiento» considerar «que las cosas catalanas puedan ser entendidas bien [nada] más que por los catalanes».