La movilidad, otro instrumento para el intervencionismo

Hace más de un lustro que estamos con el medioambiente y la movilidad como si fueran la panacea, soportando una cantinela de difícil comprensión a la vista del caos que se está adueñando de la gestión de lo público en esta España nuestra. Lo transversal, sostenible y eficiente constituye una terminología vacua que, cada vez más, se interpreta por la ciudadanía como una cortina de humo para justificar el intervencionismo político. La gran excusa de unos pocos que han encontrado su medio de vida alrededor de una normativa tan confusa como cuestionable, al socaire de los efectos perniciosos de la contaminación, de la aparente necesidad de electrificar los vehículos, de las restricciones a la libre circulación en las zonas metropolitanas, del uso de los datos de las personas y de las cosas, de la digitalización de los productos, de los cambios tecnológicos, de los designios comunitarios, de continuas exigencias que han terminado por constituir el subterfugio idóneo para el control del mercado y de la ciudadanía. En este amplio entramado de intereses diversos y de meras apariencias, la gestión de lo público cobra especial relevancia, como se constata con el abandono de las infraestructuras que afectan al transporte y, por qué no decirlo, al turismo, la gran fuente de ingresos de nuestro País.Como botón de muestra pensemos en el servicio ferroviario, noticia de apertura casi a diario en los medios de comunicación, por el caos en que se encuentra.

La clase política no debe olvidar que, entre los derechos fundamentales regulados en nuestra Constitución, figura el derecho a la libre circulación de las personas, en entredicho últimamente por la ineficacia de quienes han terminado por destrozar lo poco que nos ha distinguido frente en Europa. Durante años hemos sido ejemplo por las infraestructuras desarrolladas en torno al transporte, para terminar por convertirnos en todo lo contrario; insisto, por la nefasta gestión y el intervencionismo de las administraciones públicas. Salir de viaje actualmente por el territorio nacional permite darnos cuenta de la ineficacia de nuestros mandatarios. Hace unas semanas, con ocasión de un desplazamiento a la Isla de Lanzarote, tuve que soportar más de una hora en la terminal nacional de llegadas, a la espera de un taxi, haciendo cola con centenares de turistas, cuya primera impresión sobre España, no ha podido ser otra que la de un país con enormes carencias. El taxista de turno, inquieto por mis críticas, me recomendó que la próxima vez hiciera la cola en la terminal interinsular, porque tenían instrucciones de prestar el servicio, en primer lugar, para los viajeros entre islas, en clara discriminación frente a los nacionales o turistas extranjeros, a quienes se atendía solo si quedaban unidades libres.Y los Cabildos y Ayuntamientos, en general, protegiendo las licencias existentes, para consolidar unos cuantos votos, en contra de la libre competencia y de libertad de empresa que también se regula como derecho fundamental en nuestra Constitución. Y a todas estas, erre que erre con la Ley de Movilidad Sostenible, a expensas de su aprobación parlamentaria desde hace más de un año, convencidos algunos de que constituirá el detonante de un nuevo modelo limpio, eficiente y seguro… (Quede constancia de mi escepticismo). El proyecto de Ley dispone que esta nueva normativa busca promover la movilidad (a todas luces insostenible), como un conjunto de prácticas que minimizan el impacto ambiental y social, tendente a priorizar la movilidad activa (a pie o en bicicleta), el transporte público y la movilidad compartida, buscando alternativas al vehículo privado. Por lo visto, no se ha dado cuenta el legislador que para buscar alternativas al vehículo privado, primero hay que optimizar lo público, mejorando los servicios, sin limitar la iniciativa privada, como está sucediendo en las Islas Baleares, concretamente en Ibiza y Formentera, donde el Consejo Insular ha establecido un método para repartir las autorizaciones a los alquiladores de vehículos sin conductor (rent a car), a pesar de las críticas de la propia Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que considera una restricción competitiva la fijación de un número máximo de vehículos sin conductor con derecho a circular por las Islas y el método de concesión de las autorizaciones, ante el riesgo de que terminen por socavar artificialmente la oferta y la inversión.

Se equivocan quienes no quieran ver en la iniciativa privada la mejor de las soluciones para satisfacer las expectativas y necesidades de la sociedad. A modo de paradigma, pensemos en el desarrollo y eficiencia de la oferta y gestión hotelera, en la que la libertad de empresa oxigena el mercado, sin necesidad de más intervencionismo que el control de la calidad en el servicio. Parece obvio que la mejor manera de reducir la contaminación en el archipiélago balear es potenciando la sustitución de los vehículos más antiguos por otros nuevos, a cuyo efecto bastaría con apoyar fiscalmente el achatarramiento de los más obsoletos, sin necesidad de constreñir la actividad de unos empresarios que, a su costa, están dispuestos a satisfacer las necesidades y expectativas de los turistas, para beneficio de la economía regional. Mucho me temo que el intervencionismo al que me refiero trae causa de intereses espurios… ¡El tiempo, siempre implacable, nos lo dirá, aunque pudiera ser tarde!