El Gobierno remite al Ejecutivo regional un requerimiento para que elimine el ‘pin parental’

El Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido a la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia un requerimiento para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso donde permitía el ‘pin parental’, como ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero.

En aquellas instrucciones, la Consejería de Educación de Murcia, región gobernada por Partido Popular y Ciudadanos, establecía que los centros educativos debían informar a las familias de las “actividades complementarias” previstas en clase para que decidieran la asistencia de sus hijos. Una posibilidad de “veto” que el Ministerio de Educación considera “ilegal” y que vulnera “el derecho a la educación” de los escolares.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha detallado que el requirimiento reclama al Gobierno de Murcia “que reestablezca la legalidad y excluya el ‘pin parental’ de las instrucciones de inicio de curso”.

En el caso de que el Ejecutivo regional presidido por Fernando López Miras (PP) no atienda al requerimiento del Gobierno de Sánchez, la ministra Celaá ha precisado que iniciará "el procedimiento para llevar a los tribunales" el 'pin parental', una medida promovida por Vox que la formación de Abascal ha exigido tanto en Murcia como en Andalucía para apoyar los presupuestos de ambas comunidades.

El pasado martes, el consejero de Presidencia y Hacienda del Gobierno de Murcia, Javier Celdrán, admitió que el acuerdo con Vox para que apoyase los presupuestos incluía la implantación del 'pin parental', que obligaría a informar a los padres de las actividades que se realicen en las aulas dentro de las actividades complementarias por parte de personal ajeno al docente.

Este jueves, el Ministerio de Educación y Formación Profesional anuciaba que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa “dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado” como el ‘pin parental’, según la ministra Celaá.