La ministra Ribera envía a Murcia a Hugo Morán, el secretario de Estado con “estudios” de Derecho, en plena crisis del Mar Menor

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, despachó con una breve entrevista en Radio Nacional del España (RNE) la petición del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de asumir las competencias necesarias en Costas y sobre la cuenca para atajar los graves problemas de contaminación que sufre el Mar Menor. «Me parece un disparate y una cortina de humo al problema. Además, se debería modificar el Estatuto de Autonomía con arreglo a la Constitución». La Región de Murcia «tiene competencias de sobra para velar para que no se envenene el Mar Menor».

Estas declaraciones han permitido al Gobierno regional incidir en que el Ministerio se desentiende totalmente de la situación de emergencia que vive este frágil espacio natural. Ribera ni siquiera visitará la zona afectada. Este cometido se lo deja al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Un político de carrera con “estudios iniciados en Derecho” y que ha ido saltando de cargo desde que logró la alcaldía de Lena (Asturias) para el PSOE en 1995.

La visita, programada para el martes 24 de agosto, y el desde el Gobierno popular de López Miras ya se le ha solicitado una reunión. Además, hoy ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que declare zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. “Confío en la voluntad de colaboración y ayuda del Gobierno de España y espero su receptividad ante esta catástrofe natural”, ha dicho el presidente a través de Twitter.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha criticado en declaraciones a Europa Press que ningún miembro del Gobierno central, ni de la Delegación del Gobierno, se haya puesto en contacto con los responsables regionales tras el último episodio de mortandad de peces en la zona sur.

“Ni Ribera ni ningún miembro del Gobierno de la Nación han hecho “nada” por revertir el estado de la laguna en los últimos años porque se sienten “cómodos” al hacer creer que no son responsables de la situación. “Lo que le pido a la ministra es que deje ya de difamar y deje trabajar a los que queremos trabajar”, ha indicado, tras insistir en que la Comunidad, como los ciudadanos, está “cansada” de esta dinámica.

Así, ha asegurado que una de las actuaciones prioritarias es acabar con los nutrientes que llegan al agua procedentes de la rambla del Albujón y que terminan en el fondo del mar en forma de lodos y fangos, una actuación que, ha precisado, “corresponde” al Gobierno estatal y viene reflejada en el Plan de Vertido Cero.

Este documento técnico, que terminó de diseñarse en 2018, contó con “el consenso de todas las administraciones, la comunidad científica y la sociedad civil”, pero la ministra “no lo pone en marcha” por “interés político”, con el fin de señalar como único responsable de la situación del Mar Menor al Gobierno regional.

“Si no se toman medidas en origen, estructurales, no se va a resolver el problema”, ha comentado Luengo, tras insistir en que cada día entran al Mar Menor por la citada rambla más de 30 millones de litros de agua dulce y 5.000 kilos de nutrientes.

La polémica actuación de la gola de Marchamalo

Luengo ha precisado que para proteger la laguna es necesario poner en marcha actuaciones “complejas”. Así, ha defendido la recuperación del calado de la Gola de Marchamalo, uno de los cinco canales -junto a los de El Charco, La Torre, el Ventorrillo y el Estacio- que comunican las aguas del Mar Menor con las del Mediterráneo.

En palabras del consejero, no se trata de abrir este canal, sino de que se produzca “un mínimo intercambio de agua” que permita la salida de las bolsas que carecen de oxígeno.

Al respecto, ha querido aclarar que esta acción es “reversible” en caso de no ser efectiva, al tiempo que ha matizado que una situación similar tuvo lugar tras la DANA de 2019 y el episodio de anoxia, cuando las encañizadas de El Ventorrillo se abrieron de forma natural, lo que permitió la oxigenación de la laguna.

Regadíos ilegales

Luengo ha afirmado que su consejería ha ordenado ya la restitución de las 940 hectáreas de regadío ilegal detectadas y comunicadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y que corresponden a 50 expedientes que ya han sido notificados a los particulares.

Ha explicado que para poder actuar, el Gobierno regional necesita que la CHS notifique que un terreno no tiene derecho de agua, para después dar audiencia al propietario y, posteriormente, obligar a la restitución. A esto ha sumado la posibilidad de que los afectados presenten recursos de alzada, lo que alarga el proceso.

“Nosotros sí lo estamos haciendo; es más, estamos actuando en origen con la ley 3/2020, que es la ley, en términos agrícolas y ganaderos, más restrictiva de España y probablemente de Europa en cuanto a limitaciones de buenas prácticas y, por supuesto, prohibiendo cualquier tipo de actuación que pudiera degradar el entorno”.