La Región de Murcia exige una “financiación más justa” para aplicar la Ley de Protección a la Infancia

La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, participó ayer en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en la que se debatió el Plan de Implantación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

La Región de Murcia se abstuvo en la votación del acuerdo de Ley y la consejera exigió una “mayor y más justa financiación”, pues, dijo, “es vital conocer qué dotación económica va a facilitar el Ministerio a la Región para poner en marcha equipos especializados y de atención primaria para la protección de los menores, ya que la especialización conlleva costes de formación y de reconocimiento de la relación de puestos de trabajo”.

Asimismo, y aunque valoró como “muy positiva” la ampliación de los plazos para la aplicación de la norma, Franco reclamó “que se implique al resto de administraciones públicas en la estrategia, dado que se trata de una ley transversal, en la que deberán trabajar distintas consejerías como la de Educación, Sanidad, Nuevas Tecnologías, así como entidades locales y otras organizaciones”. Al respecto, solicitó más tiempo “para estudiar detalladamente la aplicación de la ley con el resto de implicados”.

Por otro lado, la titular de Política Social expresó su disconformidad con el orden en que se plantean la elaboración y presentación de los planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia, ya que “no es asumible que las comunidades tengamos que hacer los planes primero, cuando, según la propia ley, lo primero que se debe desarrollar es la estrategia que depende del Ministerio, y será en virtud de la misma cuando se puedan empezar a desarrollar los procedimientos”, explicó.

Por último, Franco recordó que “deberá ser el Ministerio de Justicia el que se encargue de que los menores tengan acceso a la defensa y representación gratuita por abogado o procurador”, para lo cual propuso “que nos comuniquen qué convenios se deben firmar con los colegios de abogados, pero siempre conscientes de a quién compete”.