La quema del parlamento murciano en 1992, inicio del cambio en Cartagena

La quema de la Asamblea Regional de Murcia el 3 de febrero de 1992 fue el punto de partida de la transformación de Cartagena, la ciudad portuaria en la que tiene su sede la cámara autonómica y que a partir de esa fecha fue objeto de inversiones para explotar su riqueza turística y poner en valor su patrimonio histórico y marítimo.

Así lo señalan representantes sindicales presentes en el más del centenar de protestas que protagonizaron durante 180 días trabajadores afectados por la reconversión industrial y que tuvieron su punto de inflexión en el incendio de parte del edificio registrado hace hoy 30 años por el lanzamiento de dos cócteles molotov, como recuerda el delegado de CC.OO. en Cartagena y autor del libro “Cartagena en llamas”, José Iborra.

Cuando España sacaba músculo con la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, Cartagena vivía con la amenaza de la pérdida de 5.000 empleos directos y unos 15.000 indirectos por la crisis del sector naval, de fertilizantes, minero y de la fundición.

“En la prensa no encontrabas más que la Expo y Barcelona. Se quería dar esa imagen de España cuando la situación industrial era caótica”, ha recordado a EFE el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, en aquel entonces periodista.

La jornada del 3 de febrero comenzó con una protesta en la que los trabajadores pedían reunirse con Carlos Collado, presidente autonómico, para exigirle que presionara al Gobierno central con el objetivo de detener los despidos, teniendo en cuenta que algunas empresas, como Bazán, eran de titularidad pública.

“Fue un incidente puntual, nosotros no fuimos a quemar la Asamblea”, ha recordado el entonces delegado comarcal de CC.OO. y años después secretario general en la Región, José Luis Romero, quien afirma: “Dieron orden a la policía” de que no se acercaran al Parlamento, lo que provocó enfrentamientos.

La noticia del enfrentamiento con la policía corrió por la ciudad y los trabajadores industriales acudieron a la protesta. “Estuvimos toda la mañana en un forcejeo con las fuerzas de seguridad y, sobre las cuatro o las cinco de la tarde, con el afán de disolvernos, abandonaron la Asamblea y no quedó ni un policía ahí”, ha recordado Romero.

Fue en ese momento cuando, entre las personas que se encontraban junto al Parlamento, alguien lanzó dos cócteles molotov que entraron en la Asamblea e incendiaron las cortinas de una de las dependencias. Castillo ha señalado a dos "chorizos" como los autores e Ibarra ha asegurado que "no tenían nada que ver" con los protestantes.

“En la Asamblea la mayoría del personal compartíamos las reivindicaciones de los trabajadores porque iba a afectar a miles de personas, vecinos, conocidos, amigos...”, ha expresado Teresa González-Adalid, jefa de prensa del Parlamento regional en 1992. “Fueron momentos muy tensos. En mi despacho rompieron no sé cuantos cristales con los tornillos”, ha recordado la periodista, que cree que “lo del incendio era impensable”.

Todos coinciden en señalar que la ciudad de Cartagena apoyaba mayoritariamente a los manifestantes, puesto que la economía de la comarca dependía directamente de estas industrias y del sector militar y se vería muy afectada por los despidos planteados, hasta el punto de que algunos comercios en la zona de las protestas dieron cobijo a los que huían de la policía, según ha contado Castillo.

La quema de la Asamblea “provocó la solución del conflicto”, en palabras del líder de CC.OO. en Cartagena, porque atrajo la atención mediática y conllevó una reacción política. Ibarra ha asegurado que, aunque se perdieron muchos puestos de trabajo, supuso “el germen de la solución”.

Esa visión es compartida por Romero, que le da “valor a esas movilizaciones”. “En esos momentos teníamos la sensación de haber perdido, pero 30 años después yo creo que la movilización ha servido para que la Cartagena de hoy tenga otra perspectiva”, ha expresado.

Ibarra compara este acontecimiento con el asalto al Ayuntamiento de Lorca sucedido este lunes para señalar una “diferencia fundamental: entonces los antidisturbios siempre estaban y en éstas no, es sospechoso; aquello fue una lucha de una ciudad entera que se sintió atacada, no de un sector”.

“Son dos situaciones absolutamente condenables, en dos contextos sociopolíticos muy diferentes”, concluye el presidente del Parlamento murciano.