Tribunales

Yolanda Muñoz dimite como presidenta del Puerto de Cartagena

La presión política, judicial y mediática ha llevado a la dirigente a dejar el cargo tras la denuncia de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación de personal

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda MuñozMarcial GuillénAgencia EFE

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, ha anunciado su dimisión en el cargo este viernes tras las presiones recibidas desde las filas políticas, sociales y mediáticas. Una dimisión que llega como consecuencia de la investigación abierta por una presunta trama de contratos amañados en el seno de la institución, a raíz de una denuncia de la Fiscalía.

Muñoz ha hecho pública su decisión en un comunicado de la Autoridad Portuaria tras informar de la misma al presidente de la Región de Murcia, Fernando LópezMiras.

“He tomado la decisión de solicitar mi relevo al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena”, ha dicho Muñoz, quien ha señalado que lo hace “convencida de que es la mejor decisión en este momento y con la firme certeza de defender la imagen de la institución a la que he representado con orgullo y dignidad, así como de la Región de Murcia, ante aquellos que pretenden aprovechar políticamente y sembrar confusión tras las denuncias presentadas, a la vez que poder aclarar ante la justicia aquellos hechos que se investiguen.

A partir de este momento, “continúo trabajando para esclarecer cualquier atisbo de dudas, al igual que durante estos años lo he hecho para incrementar las oportunidades y vías de negocio para el Puerto, la ciudad de Cartagena y toda la Región de Murcia”, ha agregado.

Asimismo, Muñoz ha expresado su confianza en la justicia y en los mecanismos puestos en marcha para “demostrar mi integridad y la del personal que forma parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena”.

Cabe recordar que la ya expresidenta anunció que había encargado dos auditorías, una interna correspondiente a la Abogacía del Estado, y otra externa encargada a una empresa “solvente”.