Dentro de un edificio okupado: "No se puede vivir así, es insalubre"

Cuando Raúl Martínez compró su casa en el edificio Pasarela Centro de Archena allá por el año 2010, nada hacía presagiar el infierno que le iba a tocar vivir desde hace algo más de tres años. Muchas de sus viviendas pasaron a ser propiedad de la Sareb -el banco malo- y una "pseudoempresa" comenzó a alquiler los pisos de manera ilegal a personas inmigrantes y sin recursos, que se han hecho los dueños absolutos de la finca.

La realidad a día de hoy es que el inmueble se ha convertido en un auténtico estercolero y en un foco de conflicto donde, según apuntan algunas fuentes, también hay tráfico de drogas. "La situación es insostenible. Está lleno de okupas, las empresas de limpieza no quieren venir, las empresas de suministros tampoco quieren venir, los intimidan, los siguen, no se puede vivir así", se lamenta este archenero, que está en una silla de ruedas desde que sufrió un accidente de tráfico.

A este difícil trance que está sufriendo en carne propia se suma su condición de discapacitado, ya que para él es fundamental hacer uso del ascensor, que está repleto de suciedad y que, cada dos por tres, queda inutilizado. "Lo utilizan como montacargas para estar subiendo y bajando garrafas de agua en un carro de la compra", denuncia Raúl, quien asegura que lleva prácticamente todo el verano sin salir de su casa por culpa de las averías en la instalación.

La falta de higiene y de salubridad en este edificio ubicado en pleno centro del municipio (los conocidos como pisos de Orenes) ha llegado a provocar plagas de chinches y de cucarachas. Haciendo un recorrido por sus diferentes estancias, sin duda, lo que peor está es el garaje. Algunos de sus trasteros han sido habitados por personas sin techo, que dejan la basura, los orines y los excrementos a la vista de todos.

El hedor es absolutamente y insoportable y, para la elaboración de este reportaje para LA RAZÓN, ha sido necesario el uso de una mascarilla quirúrgica. "Lo roban todo. Hay enganches de luz, le van a meter fuego al edificio… Esto no parece una comunidad de vecinos, esto parece un centro de inmigrantes", critica este vecino, que dice que no puede más.

Por su parte, el Ayuntamiento de Archena, a petición de este periódico, ha hecho público un comunicado, en el que asegura que no puede hacer nada para solventar la situación, ya que se trata de una finca privada. Para ello, sería necesaria una orden judicial, que permita entrar a los servicios de limpieza y a las autoridades y llevar a cabo el saneamiento urgente que requiere el edificio. No es la primera vez que el Consistorio de este municipio hace una acción de este tipo. El año pasado, con la autorización de un juez, se procedió a expulsar a los okupas que habitaban otro inmueble y, posteriormente, se procedió al tapiado de las instalaciones.

Las últimas estadísticas del Ministerio del Interior apuntan a la okupación como un problema creciente en todo el país y también en la Región de Murcia. En 2024 se registraron, como hechos conocidos, un total de 479 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles en la comunidad autónoma, lo que representa un 10,11% más respecto al ejercicio anterior. Según esos mismo datos, el año pasado se esclarecieron en nuestra Región 302 episodios de okupación, lo que se tradujo en 142 detenciones por la comisión de delitos de esta índole.

El Gobierno regional está decidido a plantarle cara a esta preocupante realidad, que cada vez va en aumento. La consejería de Fomento e Infraestructuras instauró en 2022 un número de teléfono anónimo que permite denunciar los casos de okupación. Hasta la fecha, esa vía telefónica ha registrado cerca de 800 llamadas, que han permitido abortar en las primeras horas intentos de usurpación de viviendas. Una vez pasadas 24 horas, se convierte en una misión prácticamente imposible.

"Inquiokupas"

Lo que no reflejan las cifras son los casos de la denominada "inquiokupación", es decir, aquellas personas que, por decisión propia, o acuciados por una situación económica precaria, deciden dejar de abonar las cuotas del alquiler de su vivienda.

Para combatirlo, el Ejecutivo autonómico acaba de lanzar una línea de ayudas destinada a los arrendadores de casas, para que puedan contar con un seguro que responda económicamente, en caso de que el inquilino deje de pagar su mensualidad.

Según explica el secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Francisco Lajara, "el objetivo de esta línea de ayudas es proteger a los arrendadores frente a situaciones de impago, aportando seguridad, para que mantengan sus viviendas en el mercado y evitar así que se reduzca la oferta de alquiler".