La mesa de debate organizada por LA RAZÓN bajo el título "Los trasvases, presente y futuro de una infraestructura clave en la gestión del agua" ha reunido a destacados representantes del sector primario en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, así como a diferentes expertos que han puesto la lupa sobre el acueducto Tajo-Segura y el horizonte 2027, una fecha clave que podría suponer un antes y un después para esta infraestructura, que lleva casi medio siglo prestando un servicio vital al agro levantino. El cambio en las reglas de explotación que plantea el Miteco admite "interpretaciones" y "márgenes de decisión". Así lo expresó el director general de la Fundación Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, quien ha asegurado que ve un "sesgo político" en las decididas intenciones que tiene el departamento que dirigió, primero la exministra Teresa Ribera y actual vicepresidenta de la Comisión Europea y, ahora, su sucesora, la ministra Sara Aagesen.

Una visión parecida tiene el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, quien también ha hablado de “dedo político” en ese pretendido cambio en las reglas de juego en la explotación del río Tajo. Jiménez ha dicho que "calcularon el punto exacto en el que saben que la agricultura está tocada de muerte, en lo que se refiere a recibir agua del Trasvase". El presidente de los regantes murcianos ha recordado que en España hay casi medio centenar de infraestructuras de este tipo, pero ha sido el Tajo-Segura el que se ha convertido en un elemento de disputa entre Castilla-La Mancha y las comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía. De hecho, desde Scrats han hecho públicas las cifras de impacto, en caso de un eventual "cierre" del Trasvase, gracias a la ayuda de prestigiosas consultoras, como PwC.

Su director en Murcia, Javier Celdrán, ha apuntado no solo a un impacto económico, sino también a una repercusión "social", que afecta no solamente al sector primario, sino a otros ámbitos como la industria, el transporte o la logística. El que fuera consejero de Economía del Gobierno murciano ha apuntado que "no es un problema del Levante de España, es un problema de nuestro país, porque estamos hablando de un porcentaje muy importante de lo que nuestro país produce, exporta y de las familias que trabajan en este sector"”.

Y quienes asisten a todo este panorama con mucha preocupación son, no solamente los agricultores o los ganaderos, sino también los exportadores de verduras, frutas y hortalizas murcianas El presidente de Proexport en la Región, Mariano Zapata, ha asegurado que no entiende cómo el Levante puede enfrentarse a un futuro de escasez, "cuando le estamos regalando el agua a Portugal", en referencia a los excedentes hídricos que está recibiendo el país vecino, cuya agricultura crece a buen ritmo. Zapata ha sacado pecho del sector al que pertenece y ha apuntado que "debemos de estar orgullosos de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una agricultura que, probablemente, no se hace en ninguna otra parte de Europa". Sin embargo, el líder de la asociaciones de productores y exportadores de la Región ha lamentado las cada vez más exigentes políticas que está marcando la Unión Europea, con unas trabas y una burocracia que dificultan el trabajo de este sector, motor de la economía murciana. "Si no hay agua, no se puede producir", ha recordado Zapata.

Durante una de sus intervenciones, el presidente de PWC, Javier Celdrán, ha abogado por soluciones de consenso y por un Plan Nacional del Agua, sin color político, que sea capaz de distribuir este recurso hacia las cuencas más deficitarias, como es el caso de la del Segura.

Por su parte, el presidente del Scrats ha negado tajantemente que haya una guerra con los regantes de Castilla-La Mancha, pero ha culpado al presidente de esta comunidad autónoma de convertir el agua en un arma política arrojadiza. Jiménez ha apuntado que “hay una dirección política, una comunidad autónoma que considera que el agua que pasa por su territorio no es de la cuenca, sino suya”.

En la misma línea se ha expresado Francisco Cabezas, quien ha asegurado que se está produciendo “una especie de territorialización, por el cual cada cuenca está gobernada por una taifa y esa taifa organiza, dispone y búscate la vida y no me molestes”. Una insolidaridad territorial que ha generado un conflicto hídrico que se prolonga durante décadas y para el que el Levante pide una solución de Estado.