¿Prevaricador?

En la gran casa de nuestra palabra, el Diccionario de la Lengua Española que edita la Real Academia Española, edición del Tricentenario, la prevaricación se define como el delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Equivale a valerse o servirse de algo, desde el poder, para ventaja o provecho propio. Un Presidente del Gobierno de España que, por provecho propio, por mantenerse en el poder, ordene o dicte a sabiendas resoluciones que atenten contra España podría ser considerado un prevaricador. España está en manos, en los momentos actuales, de un presidente del Gobierno que no ha sido elegido por los españoles y se sostiene en el poder gracias a los votos y los pactos que ha acordado con los partidos que representan el deseo de que España, como tal, desaparezca. De torcerse los planes de este insensato osado y embriagado por el poder, podría terminar en la cárcel, porque la prevaricación es un delito contemplado en el Código Penal. Ahora, el posible prevaricador ha sobrevolado a la independencia judicial y ordenado a la Abogacía del Estado que suprima la acusación de rebelión a los golpistas catalanes, los huídos, los encarcelados y los que gozan de libertad provisional. El Tribunal Supremo mantiene la acusación de rebelión, pero esto no preocupa a Sánchez, que es muy capaz de dictar la desaparición del Tribunal Supremo si con ello se garantiza una temporada más prolongada como inquilino de La Moncloa. Su complicidad con el separatismo no le ha llevado a límites cercanos a la prevaricación. Los límites se los ha saltado como un mandril cuando se impulsa para alcanzar la rama de un baobab.

No se detiene ante nada. Termino de ver un vídeo en el que habla el general Alexandre con motivo del 2 de noviembre, Día de los soldados caídos por España. Habla del juramento, de los colores de nuestra Bandera y del compromiso de todos los que le han jurado lealtad hasta la muerte, en defensa de los enemigos de España. Es terrible que el mayor enemigo de España, al menos aparentemente, sea el presidente del Gobierno de España, y eso no lo ha dicho el general, sino el que esto firma. Cada día que pasa, la sospecha se agudiza hasta que surge la evidencia.

La chulería del separatismo, anunciando que no tolerará una sentencia condenatoria a los golpìstas, es ya, de por sí, un nuevo golpe de Estado. La justicia sólo es respetable si absuelve a los procesados. Y el escrito ordenado por Sánchez a la Abogacía del Estado en el que manda rebajar la acusación de rebelión a sedición, es un apoyo al anunciado golpe de Estado. Para colmo, no lo ha firmado el responsable penal encargado del caso, sino una directora sumisa. Y para mayor colmo, ha recibido a la presidenta proetarra de Navarra Uxúe Barcos para concederle su deseo. Que la Guardia Civil de Tráfico pierda sus competencias en Navarra en beneficio de la Policía Foral, que al paso que lleva la señora Barcos, será en pocos años devorada por la «Ertzantza». Porque los proyectos separatistas pasan por eliminar a la Guardia Civil con carácter prioritario. Los votos de «Nafarroa Bai» también se despachan en la ventanilla de los favores pagados.

Me sorprende y escandaliza el silencio del socialismo constitucionalista y español. Me sorprende la falta de reacción de las voces socialistas libres. Me sorprende el sometimiento de los que presumían de líderes autonómicos con sentido de Estado. Al final, todos han terminado acuclillados ante el «okupa» supremo, el vividor, el más guapo de la tierra, el pactista con el separatismo, el derrochador de los bienes públicos y desenterrador oficial del Reino. O todos los militantes socialistas se han dado cuenta, al únísono, de su rechazo a España, o nos hallamos ante un partido entregado a su cobardía y a la seguridad del pesebre. Los traidores siempre terminan cayendo.