Responsabilidades

Difícilmente encontraremos a una persona que a lo largo de su vida no haya sido esclava de sus palabras. El error forma parte de nuestra condición humana. Pero ni los errores ni los juicios desacertados eximen de responsabilidades.

Y si quien habla ante el Tribunal Supremo en un juicio de enorme trascendencia no mide bien sus palabras, contrae una deuda impagable con sus antiguos subordinados al decir: «ellos sabrán por qué lo hicieron». Se refería a los mandos policiales que dirigieron el operativo del 1 de octubre ordenado por una Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se trata de otro magistrado, que sabe de sobra donde está, ex Ministro del Interior y que tras la aplicación por el Gobierno del Articulo 155, había asumido además, la Consellería de Interior de la Generalitat.

Han salvado los muebles de su Ministerio las exhaustivas, documentadas y duras declaraciones de su Secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, del Jefe del operativo Coronel Pérez de los Cobos e incluso del Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Han defendido con firmeza la actuación «proporcionada y profesional» de unos operativos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que cumplían órdenes, ante la traicionera pasividad de los Mossos y ante las «múltiples trampas» y la agresividad de grupos de masas perfectamente formadas y jerarquizadas, incluido el empleo como escudos humanos de niños y mayores.

Por supuesto no debo ni puedo juzgar. Libertad tienen las defensas para priorizar la «convivencia ciudadana» como orden superior a la Ley y determinados medios para contar desde la misma noche del 1 de Octubre, los tristes hechos de otra manera. Plena confianza tengo en el Tribunal y en su mandato constitucional, cuando solo me atrevo a reflexionar en cinco puntos:

1. Nadie puede creerse hoy que las fuerzas policiales buscasen situaciones como las vividas el 1 de Octubre. Son ciudadanos uniformados que obedecen con disciplina órdenes judiciales, en uno de los cometidos más sacrificados de cuantos defienden y sirven al Estado de Derecho.

2. No son nuevos los desmarques políticos respecto a uniformados. No espere Trapero que su Director General Pere Soler y su Conseller Joaquín Forn, den la cara por el: «el sabrá por qué lo hizo» quizás repitan. Un sensato y experimentado Albert Batlle veía venir todo esto, cuando presentó su dimisión como responsable de los Mossos en julio de 2017.

3. Responsabilidad. Por supuesto un ministro no tiene por qué conocer cómo despliega un operativo policial. Pero no puede escapar de múltiples responsabilidades que van desde un acuerdo de Consejo de Ministros hasta el contrato de alquiler de barcos, el libramiento de partidas presupuestarias extraordinarias, la preocupación por las condiciones de vida de sus policías y guardias civiles etc. etc. Analizando el cómo se tuvo que llegar al flete de barcos, ante el boicot –¿violento?– de instalaciones hoteleras, llegaríamos incluso a exigir responsabilidades a quienes cedieron o malvendieron propiedades del Estado en Cataluña, ante el «sin prisa pero sin pausa» goteo de los acuerdos tipo Majestic: los cuarteles de Lepanto, el Hospital Militar, los cuarteles de Viella, de Gerona... Y a punto estuvo de malvenderse el Cuartel del Bruch –su capacidad y ubicación han sido importantes en los acontecimientos de Barcelona– a iniciativa de un influyente «fontanero» de Aznar, salvado gracias al apoyo firme de una Delegada del Gobierno extraordinaria –Julia García Valdecasas– de un entonces Secretario de Estado –Jorge Fernández Díaz– y de un Mariano Rajoy, Ministro de la Presidencia. ¿Son responsables quienes dejaron sin infraestructuras y sin presencia del Estado, no solo en Cataluña, sino también en el País Vasco?

4. Violencia y victimismo. Por supuesto hubo provocación. Por supuesto hubo respuesta. Ya hemos comprobado la actuación de los Comités de Defensa de la República (CDR,s) en otras manifestaciones. «Grupos de masas organizados y jerarquizados» insistirá el Coronel de los Cobos Algún día aparecerá un documento interno del «procés» en el que se reconozca falta de mayor violencia. Porque era necesario crear mártires, incluso a costa de vidas humanas.

5. Obediencia debida y legítima defensa. Serán argumentos esgrimidos. El discutido primer principio está más que superado: ningún uniformado está obligado a obedecer cuando es consciente de que comete un delito. ¿Conocían todos los Mossos las órdenes del TSJC? ¿Su no conocimiento les eximía del cumplimiento? ¿La violencia está en la legítima defensa de quien protege a su familia o su casa o en quien las asalta? ¿Es atribuible el concepto de violencia a la mujer que se defiende con uñas y dientes del violador?

No es momento de tibiezas. Son tan serios los momentos que vivimos, que exigen medir con precisión cada palabra. Es cuestión de responsabilidad.