El Estado soy yo (Podemos)

La ministra de Trabajo, Yolanda, Díaz, ha rechazado que haya habido improvisación en la media de «hibernar» la economía española, aunque nadie todavía ha explicado el motivo del retraso en la publicación en el BOE de dicha ley que, a la postre, es lo que valida su aplicación práctica. Pero no hay mayor prueba para demostrar que se hizo con prisas y a última hora que la respuesta inmediata de los empresarios, que ni siquiera fueron consultados para aplicar una medida en la que son una pieza clave: son ellos los que deben cerrar la industria y seguir pagando a los trabajadores. La ministra pidió disculpas, pero no evitó la preocupación en empresarios y empleados. Por un lado, el trabajador tiene asegurado el sueldo de los primeros 15 días y, por otro, la obligación de recuperar las horas perdidas, algo que demuestra un voluntarismo estéril, porque en muchos sectores de la producción no servirá de nada alargar la jornada una vez se vuelva al trabajo, si es que se vuelve. Más innecesario todavía es que la ministra de Trabajo advierta de que los ERTE que se tramiten se vigilarán de oficio para evitar fraudes.

Paralizar la economía para paliar los problemas de previsión y análisis de la pandemia sin duda tendrá consecuencias en un futuro, creyendo que sólo el Estado y las ayudas que de él provengan permitirán levantar el vuelo. Las palabras de Yolanda Díez enmarcadas, literalmente –en un tuit–, con la directrices políticas de Pablo Iglesias, sólo nos indica que Podemos no busca tanto la solución a una epidemia dañando lo menos posible al tejido productivo, lo que no es incompatible. Mientras se criminaliza a los empresarios, se lanzan mensajes tan panfletarios como decir «vamos a seguir apoyando con más derechos para los trabajadores». Iglesias enarbola la Constitución como si fuera el Libro Rojo y, en concreto, el artículo 128 que se refiere a que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Su lectura no puede ser más sectaria y, como siempre, primando la intervención pública de la economía hasta llegar al máximo objetivo de la nacionalización. Sin embargo, esta interpretación sesgada topa con la advertencia de la propia Carta Magna de proteger (Capítulo III del Título I) a las personas frente al Estado, sin que ambas perspectivas puedan contradecirse y deba aplicar armónicamente. Por la reiteración con la que Podemos y su líder suelen invocar siempre que pueden la nacionalización de empresas estratégicas, no deberían olvidar que, además de ser justificada, debe estar sujeta al control de propio Tribunal Constitucional, según estipuló en sentencia (STC 206/1990). En la crisis en la que estamos inmersos, está claro que todos los efectivos y recursos del Estado están actuando –otra cosa es la premura con la que lo han hecho– y nada indica que el conjunto de la economía deba paralizarse.

Otra cosa es que la producción deba «hibernarse» porque así lo indique el Gobierno, que nada tiene que ver con que toda la riqueza del país deba estar «subordinada al interés general», sino justamente lo contrario. En el Consejo de Ministros del pasado día 13, Iglesias pidió la nacionalización de las eléctricas, incluso la intervención de los medios de comunicación –ya sabemos que Lenin dijo aquello de que la libertad es un bien tan preciado que debe ser racionado–, unas medidas que, si bien eran inoperantes para resolver el problema que se estaba planteando –el decreto de Alarma–, sí servía para marcar el perfil ideológico necesario en una crisis en la que Podemos es un verdadero estorbo. Su obsesión por seguir los pasos de Nicolás Maduro ante el coronavirus en Venezuela, le ciega de tal manera que es incapaz de ver que ni la Sanidad española es la misma ni el sistema productivo.