La opinión de Francisco Marhuenda: “Los frentes judiciales del Gobierno”

Las acciones judiciales siempre son incómodas y llamativas, pero el Gobierno puede estar tranquilo con la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que preside Luis María Díez-Picazo. Me entristece escribirlo, no porque desee o deje de desear que tenga complicaciones, sino porque mi confianza en la juricidad de los actos de esa sala en las cuestiones que afecten a intereses gubernamentales importantes es, simplemente, nula.

Es cierto que siempre cabe esperar que las decisiones de un tribunal se adecuen al ordenamiento jurídico y estén exentas de perniciosos intereses políticos, pero Díez-Picazo se ha encargado de desmentir este principio. Es algo que he defendido siempre y lo seguiré haciendo, pero esta sala ha mostrado en alguno de sus actos que la política prima sobre el derecho. Al margen de cuestiones ideológicas, lo sucedido con la «expropiación gubernamental» del cadáver de Franco es tanto un despropósito jurídico como un sometimiento a los deseos de La Moncloa. Y lo hicieron además por unanimidad. Fue una impresionante demostración de poder. Una cuestión es la legalidad de la decisión de sacarlo del Valle de los Caídos sobre la que no tengo ninguna duda, aunque fuera una mera operación de propaganda partidista que, por cierto, le salió muy mal a la izquierda. Otra muy distinta es validar la pintoresca decisión de expropiar el cadáver del «abuelito» y ceder su «propiedad», dicho irónicamente, a los fervorosos luchadores antifranquistas del Gobierno.

Nunca seré magistrado de esa sala porque no tengo méritos familiares para ello o apoyos políticos suficientes, pero si lo hubiera sido jamás me hubiera sometido a un voto para complacer unos intereses partidistas del Gobierno que nada tienen que ver con el interés general. Otra cosa es que la exhumación se ajustaba a derecho, aunque creo que hubiera sido mejor mantenerlo en el Valle de los Caídos. El despropósito llegó al extremo de dar validez a los propios informes emitidos por órganos gubernamentales para justificar una decisión antijurídica. Estos antecedes hacen que los miembros del gabinete puedan estar muy tranquilos por el control judicial de sus actos, ya que la sala que apoyó la «expropiación del abuelito» aplaudirá fervorosamente su gestión en la crisis del coronavirus. No importa si lo han hecho bien, mal o regular. Espero que una sala compuesta por algunos magistrados de enorme prestigio recobre el sentido jurídico y que el Derecho prime siempre sobre el interés político.