Seguridad

A un Gobierno en estas circunstancias no se le puede pedir que acierte en todas sus decisiones pero sí coherencia en la estrategia y que genere seguridad. En el debate entre libertad y seguridad ya ha ganado la segunda, porque no podemos elegir. La geolocalización y todo lo que le cuelga, más allá de la literalidad de la norma que entró este fin de semana en vigor, es asumida por todos salvo por líderes antisistema envueltos en la bandera. Este taburete de la seguridad tiene tres patas esenciales: la comunicación, la técnica normativa y el Gobierno. El Ejecutivo hoy es una especie de «laicísima» trinidad, que ayer se escenificó con nitidez: la Vicepresidenta Económica, el Vicepresidente Social y la Ministra de Hacienda como representante de Pedro Sánchez. Es «uno y trino» y un día se aparece el ramalazo marxista de libro, otro el socialdemócrata y al tercero el pragmatismo burocrático. No es que las medidas abarquen todo el espectro ideológico que va de unos a otros, es que esa rapidez a la que obligan las circunstancias llevan a un «desfacer entuertos» «non stop». Las medidas económicas de los últimos Consejos de Ministros son un ejemplo claro. En paralelo está el asunto de la comunicación. La concatenación de comparecencias todas con sus introducciones calcadas de lógica consternación y duelo (también se podían buscar fórmulas más breves) y la necesidad de ocupar tiempo llevan al abandono de la ciudadanía. Seguir las ruedas de prensa supone un esfuerzo baldío, más cuando invocan a un optimismo en los porcentajes. Esta omnipresencia además de dejar historias sin completar, ataques cibernéticos a los hospitales o el control de las residencias por parte de Iglesias, hacen que las importantes: las del Presidente del Gobierno no tengan la fuerza necesaria. La extensión con contextualizaciones eternas dificultan la nitidez que exige el liderazgo en tiempos de crisis. Más allá del cuarto de hora la atención se ha perdido en esta realidad de continuas miradas al móvil y él es el emisor obligado a generar esa seguridad. Y luego está la llamada «seguridad jurídica» que deriva de la calidad normativa. Llenar la España post-COVID19 de pleitos por no saber redactar leyes y decretos es una posibilidad que está afilando las togas. Aquellos que hicieron chanza de los «abogados del Estado» quizá debieran acordarse de ellos para construir y alicatar los Reales Decretos, que se están publicando con demasiadas goteras y ya se sabe que por los tejados empiezan las ruinas. Termino sin olvidar la seguridad más obvia, la del orden público, que de momento está controlada.