Sánchez protege al Rey de Iglesias

Por primera vez, el presidente del Gobierno ha valorado las últimas informaciones aparecidas sobre Juan Carlos I en las que se le vincula con operaciones económicas e importantes deudas fiscales, y lo ha hecho en una triple dirección. La primera al referirse a estas investigaciones como «inquietantes» y «perturbadoras», lo que en sí marca una posición del Ejecutivo, ya que, como decíamos, es la primera vez que se hace un comentario sobre las actuaciones del anterior Rey, lo que no ocurrió ni en los momentos delicados de su cacería en Botsuana, ni en otras cuestiones que tuvieran que ver con la Familia Real. La segunda, dejando que sean los tribunales los marquen los tiempos procesales, si es que sucediera. Hasta la fecha, el fiscal del Tribunal Supremo decidirá, presumiblemente a finales de agosto, sobre la petición de apertura de un procedimiento penal contra Juan Carlos I o el archivo de la causa. «La Justicia está actuando», señaló Sánchez. El tercero fue un mensaje explícito de apoyo al Rey al marcar distancias «frente a esas informaciones inquietantes y perturbadoras y eso es algo que yo agradezco». Y hay un cuarto mensaje implícito en esta declaración dirigido precisamente al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. De esta manera ha marcado la posición de La Moncloa en una cuestión altamente sensible, muy apetitosa para buscar la inestabilidad de la Monarquía parlamentaria, que, no se olvide, es un objetivo del líder de Podemos.

No es una elucubración disparatada suponer que en un momento en el que Iglesias está maniatado por un oscuro escándalo en el que se mezclan asuntos personales con públicos, utilizase las informaciones sobre Juan Carlos I para quitar el foco de atención sobre el «caso Dina». En parte, su embrollo judicial se debe a haber utilizado sin escrúpulos un caso judicial para beneficio político propio, resultando ahora que era falso. Pedro Sánchez se ha anticipado a un hecho indudable: cualquier trama para socavar al Jefe del Estado está en su propio Gobierno y en sus socios independentistas. Ha habido reiteradas muestras de que Iglesias ponía la diana en la Casa Real, bien personalmente o utilizando portavoces muy autorizados de su partido. La cohesión de la coalición social-comunista no pasa por su mejor momento, dándose en el propio Ejecutivo muestras claras de desaprobación hacia el vicepresidente, que está manchando la reputación institucional de un poder del Estado con un asunto turbio donde los haya, aquejado de un personalismo con patologías preocupantes, incluso para la seguridad nacional. Después de todo, forma parte de la comisión que controla el CNI. El Rey ha tenido que soportar ataques furibundos e indecentes –poniendo en duda su compromiso democrático– desde la tribuna del Congreso, sin que Sánchez, ni ningún otro miembro del Gobierno, saliera a defenderlo, ni desautorizara las groseras referencias hechas por Iglesias. Ha habido la sensación de que la Monarquía parlamentaria estaba desprotegida, sometida a los ataques constantes de la izquierda, a los que el PSOE asistía impávido y siempre complaciente con sus aliados, e introduciendo de una manera demagógica e irresponsable un antimonarquismo con tics de los años 30, sin valorar el papel fundamental que tuvo en la restauración democrática Juan Carlos I.

Al Gobierno le toca hacer ese ejercicio pedagógico de situar el carácter democrático de la Monarquía parlamentaria y su papel de institución central para la estabilidad de España. Es un compromiso al que se debe. La Casa Real ha hecho más que «marcar distancias» con Juan Carlos I: el pasado 15 de marzo Zarzuela hacía público un comunicado en el que de forma contundente el Don Felipe renunciaba a la herencia que pudiera corresponder de su padre, así como retiró su asignación anual. Se esperaba que Sánchez tomara posición sobre esta cuestión y marcara muy bien la línea que su socio Iglesias no puede pasar: impedir una campaña contra al Monarquía.