En defensa del Pacto del 78

La verdad, esa es la cuestión. El principio sobre el que se sustentan las democracias liberales y el que da sentido a la aplicación de Ley. En política, si se da curso legal y validez a la mentira, todo es propaganda. Y la propaganda, ya se sabe, no suele solucionar problemas, sino esconderlos o, a lo sumo, destruirlos espectacularmente con soluciones mesiánicas. Y para la crisis institucional abierta por la marcha fuera del España de Juan Carlos I y las causas que la han motivado, la propaganda sólo sirve de tósigo para buscar adeptos en contra de la Monarquía parlamentaria, saltándose un hecho jurídicamente innegable: no se juzgan a instituciones, sino a personas. Así lo expresó ayer en su comparecencia Pedro Sánchez, en un gesto inusual que expresa con toda claridad el frenado en seco a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Este trasunto de ministro plenipotenciario –con todo el tiempo, por lo tanto, para la conspiración política– calificó el anunció de la marcha de rey emérito como una «huida» de la justicia. Una interpretación que apunta al objetivo final al que aspira: la degradación simbólica de quien representa el «régimen del 78».

Al margen de la precipitación al obviar intencionadamente que Don Juan Carlos ni está formalmente investigado –el «imputado» hasta la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015–, ni hay una causa abierta contra él, a la espera de lo que resuelva la Fiscalía del Tribunal Supremo, no tiene limitado sus movimientos ni se le ha retirado el pasaporte, lógicamente. Pero el mensaje fue lanzado –«la falsedad vuela, mientras la verdad se arrastra tras ella»– para señalar los cómplices de ese supuesto delito: el propio Rey. Y, de paso, el presidente del Gobierno, que, como señaló la ministra de Igualdad, Irene Montero, debería estar al tanto de los planes del «prófugo». Pero ahí, el líder del Podemos no midió su ataque, sabedor de que la Corona vive un momento especialmente complicado y que él mismo es la causa de que al propio Sánchez se le vea un presidente que deja desprotegido al Rey. Sin embargo, ayer, dada la gravedad de la situación y la exhibición de Iglesias de que seguía otra estrategia radicalmente contraria a la del Gobierno, frenó en seco lo que podría haber alimentado todas las especulaciones. Sánchez fue claro: considera plenamente vigente el pacto constitucional. Con lo que reconduce la posición del Ejecutivo y cierra, aunque sea momentáneamente, las aspiraciones de Iglesias de seguir socavando en la figura del rey emérito y en el «cómplice» que permitió la «fuga», Felipe VI, el «régimen del 78», que ha señalado como objetivo a batir. Ahora bien, un cambio de régimen tiene dos vías. Una se ensayó en Cataluña en el otoño de 2017 con la devastación social, desprestigio y consecuencias económicas ya conocidas. Otra, la reforma constitucional que abra la posibilidad del fin de la Monarquía parlamentaria, es inviable siguiendo las pautas, nada fáciles, previstas en la Carta Magna.

Sólo partiendo del supuesto de que el PSOE –un soporte imprescindible durante el reinado del Juan Carlos I– mimetizando los tics populistas de sus socios optase por el viejo republicanismo, podría crearse una mayoría parlamentaria que abonara esta opción. De no ser así, parece imposible modificar el artículo 1.3 de la Constitución («la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria») o los reunidos en el Título II (del 56 al 65), apartado blindado para cuya modificación sería necesaria mayorías que no podrían alcanzase sin sumar al PP. Que Iglesias y sus aliados independentistas catalanes han señalado a la figura del Rey como clave de bóveda del orden constitucional es innegable –ni tampoco lo niegan–, pero eso requiere mayorías que no están a su alcance. Todo lo demás, es propaganda, que usan sin vergüenza y sabedores de que la soledad del Rey le hace más vulnerable. Pero, cuidado, abrir una campaña desmedida contra el denostado «régimen del 78» es un ataque a nuestra democracia, una aventura que España no se puede permitir.