El juego de las culpas

Una de las claves fundamentales del egoísmo, así en la política como en la vida, es dominar el arte consistente en que las cosas bien hechas sean consideradas de tu responsabilidad, y las mal hechas aparezcan a los ojos de todos como fruto de la inadecuada actuación de otro. Es, por tanto, imprescindible tener siempre a mano alguien a quien señalar con la punta del dedo índice bien estirado. Los anglosajones, que acumulan una larga experiencia democrática, utilizan dos palabras que riman para definir esta práctica: blame game, o «juego de las culpas».

En España se ha desatado un intenso blame game desde que se levantó el estado de alarma. Parecía entrar dentro de la lógica que el Gobierno central asumiera el grueso de la responsabilidad en la gestión de la epidemia si había decidido establecer el mando único. Pero el debate más apasionado sobre quién manda y sobre quién debería mandar se desató en toda su intensidad a partir de la segunda mitad del mes de julio. La cifra de nuevos contagios dejó de ser tan llevadera como en junio, cuando Pedro Sánchez, henchido de satisfacción y en un acto de evidente precipitación, proclamó en el Congreso ante los españoles y ante el mundo que «hemos vencido al virus».

En aquellos días, el confinamiento había conseguido que se vaciaran los hospitales y los tanatorios, al tiempo que los despachos de Moncloa se llenaban de una euforia que ahora sabemos prematura.

A ningún presidente le gusta perder votaciones. Suponen una muestra de debilidad política, y quienes ostentan el poder no aceptan con naturalidad que alguien se atreva a cuestionar su mando. Para evitar el riesgo, Sánchez tomó dos decisiones en ese mismo mes de junio: no pedir al Congreso nuevas prórrogas del estado de alarma porque no se las concederían, y situar toda la responsabilidad en las comunidades, empeñadas como estaban (sobre todo Cataluña, País Vasco y Madrid) en gestionar la pandemia por su cuenta.

A partir de ese momento, el ministro de Sanidad que desde marzo había dado todas las órdenes se transfiguró en un opinador. Alguien que, como ha dicho con sorna el presidente socialista de Castilla-LaMancha Emiliano García-Page, trata de aparecer como un simple comentarista. Esta semana, cuando le preguntaron por las restricciones que se debían aplicar en Madrid, Salvador Illa respondió, a modo de tertuliano y sin mayores profundidades, que «en Madrid hay que tomar medidas adicionales; esto lo comparto». Y punto.

Es cierto, como recuerdan en Moncloa despejando con ímpetu la pelota de su área, que las competencias en materia de salud corresponden a las comunidades autónomas. Es igual de cierto que la Ley General de Sanidad establece que es competencia del Estado el establecimiento de normas que fijen las condiciones para conseguir «una igualación básica» de las condiciones de los servicios públicos. Y, como explica el propio Ministerio en su web, le corresponde coordinar la acción conjunta «de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema sanitario». Diríase que esto permitiría al Gobierno de la nación ejercer de algo más que de mero espectador de lo que hacen los demás. Pero para eso hay que querer, y Moncloa decidió en junio que desde entonces la responsabilidad y, sobre todo, el coste político de ejercerla sería de otros. Y así fue hasta el jueves, cuando Pedro Sánchez vio que Isabel Díaz Ayuso, superada por una gestión tan plagada de errores como la del Gobierno central, hincaba la rodilla a través de las palabras del vicepresidente madrileño e incómodo coaligado de Ciudadanos, Ignacio Aguado, implorando ayuda encarecidamente: «es necesario que el Gobierno de España se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid». Sánchez ya tenía a Díaz Ayuso donde quería: suplicante y menguada. Y, por extensión, humillaba al PP. Batalla política ganada. Otra muesca en el revólver. Pero, mientras unos ganan y otros pierden batallitas políticas de vuelo corto, ¿qué pasa con la pandemia?

La crisis del coronavirus ha desnudado varias verdades. Algunas, las conocíamos. Otras, las suponíamos. La primera es que nuestro sistema sanitario es bueno, pero no es el mejor del mundo y, en cualquier caso, se ha demostrado insuficiente. La segunda es que nuestro sistema productivo es incapaz de sostenerse en pie en cuanto tiembla el suelo. Y esta vez, el seísmo ha resultado devastador. La tercera es que hemos puesto en marcha un Estado autonómico con determinadas virtudes, pero con una larga lista de defectos. Los campanudos llamamientos a la cogobernanza suenan conmovedores, cuando es inevitable que nos asalte la duda de si algunos dirigentes no se habrán marcado como objetivo principal, por encima de resolver los problemas, obtener victorias políticas frente a sus adversarios. A menudo, en España la politiquería tiende a imponerse sobre la gestión.